Gobierno brinda asistencia legal a tres militares detenidos en Chile y se avanza en la gestión diplomática para su liberación

Los tres militares bolivianos detenidos en suelo chileno ya cuentan con asistencia legal  patrocinada por el Estado boliviano. Un jurista del vecino país será la defensa de los uniformados en la audiencia que se celebrará el sábado que viene. Mientras, Cancillería continúa con las gestiones diplomáticas para lograr una salida al problema y así evitar una detención de los efectivos por más tiempo.

“(Se les brinda a los tres militares) la asistencia inmediata, se les colocó un abogado para la audiencia del sábado. Asimismo, la comunicación con sus familiares y así darles la tranquilidad (a los familiares) de que los efectivos militares no estaban en ninguna comisión de delito como se dice, sino que estaban en cumplimiento de sus tareas como parte de la lucha contra el contrabando”, informó el viceministro del área, Daniel Vargas.   

La autoridad acotó que la Cancillería continúa  las gestiones diplomáticas para lograr una salida favorable para los tres militares. Se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile evalúa la situación, pero  al estar el caso ya instalado en la justicia ordinaria del vecino país, debe proseguir su curso en el respectivo juzgado de Pozo Almonte.

Ayer por la madrugada fueron detenidos, supuestamente en la comunidad de Pisiga Carpa –en el lado chileno- tres militares bolivianos. Carabineros de Chile acudieron al lugar tras una denuncia de dos personas, quienes dijeron que los uniformados bolivianos les robaron sus vehículos. Hubo una persecución y hasta cruce de disparos. Un militar boliviano resultó herido y está siendo atendido en una clínica de la ciudad de Oruro.

Los militares que fueron detenidos son el teniente Jaime Herbas, el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal. Para el ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Rodrigo Delgado, lo ocurrido no es un incidente y calificó el hecho como  “grave”. 

El funcionario del vecino país reveló que los militares nacionales ingresaron a 15 kilómetros de suelo chileno y pidió al Gobierno boliviano colaboración para atender delitos transnacionales.

Esa versión fue observada por el viceministro Vargas, quien dijo que será la investigación la que determine la distancia entre la que ocurrió el hecho y la frontera con Bolivia. Además, calificó como “exagerada” la denuncia de robo contra los uniformados y aseguró que cumplían su tarea de lucha contra el contrabando.

Ayer se llevó a cabo la audiencia de los militares. Fue virtual y el juez de Pozo Almonte, Horacio Andrade, escuchó a ambas partes para dar una resolución. La audiencia duró un poco más de 40 minutos y se decidió alargar la detención de los uniformados por tres días más. Esta decisión se debe a que en este lapso se realizará un trabajo de campo y se recolectarán testimonios. El sábado será la audiencia de formalización.

El fiscal de Tamarugal, Harry Torres, casualmente jefe de la investigación de dos militares bolivianos y siete funcionarios de Aduana detenidos en 2017 por más de 100 días en el penal de Alto Hospicio, fue quien solicitó un plazo de tres días para seguir con el trabajo de campo en este nuevo caso.