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El Gobierno nacional buscará una conciliación de cuentas con la empresa IME Consulting, que se encargó de la compra, para lograr la actualización de software y los accesorios que permitan el funcionamiento de los 170 respiradores adquiridos de España.

Álvaro Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia, dijo que, hasta el momento, se pagaron $us 2.028.780 de los 4.773.600 que especifica el contrato, por lo que cada equipo, por ahora, tendría un costo de unos $us 12.000.

En el tema del software y los accesorios, tenemos que sentarnos con la empresa y establecer una conciliación de cuentas, para definir precios, garantías y si no corresponden, no pagaremos el sobreprecio y buscaremos por otro lado los accesorios y el software para que los equipos funcionen”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Ignacio Mazarrasa, gerente de la firma intermediaria, anunció que no entregará los accesorios y la actualización del software si es que no se cumple con la totalidad del contrato.

Coimbra recalcó que se enviará un cuestionario a la empresa que proveyó los equipamientos, para conocer su situación legal y en su caso, también solicitaremos un proceso contra la empresa para solicitar una conciliación de cuentas”.

Además, informó que se pidió que se congelen cuentas y la anotación preventiva de bienes de las cinco personas involucradas en la investigación, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas.

“Son tres contratos diferentes con tres empresas, uno es este contrato, que está siendo procesado con la justicia, hay otro con otra empresa de Cochabamba y otra, que, si bien tiene asiento legal en España, también tiene representación en Bolivia. Los respiradores van a llegar y tienen otras características”, dijo el ministro sobre la llegada de otros respiradores.

Recalcó que, desde el 4 de mayo, Transparencia comunicó al Ministerio de Salud que hará seguimiento a los contratos que se firmen por la emergencia sanitaria por Covid-19. El 8 de mayo ya se había observado el acuerdo por los respiradores y el 15 llegó una denuncia anónima sobre irregularidades en el proceso.