Será el único documento válido para el ejercicio de funciones en el sector público. Un decreto supremo señala que los funcionarios deben actualizar permanentemente sus conocimientos de lenguas originarias

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13 de agosto de 2021, 13:50 PM
13 de agosto de 2021, 13:50 PM

El Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 4566, que instituye el Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, como único documento válido para el ejercicio de funciones en el sector público.

El Gabinete de ministros aprobó la disposición, delegando a tres instancias la emisión del documento: El Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas; el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización; y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

“Las instituciones autorizadas o acreditadas deberán remitir al IPELC la nómina de personas y otra documentación pertinente a la conclusión de cada ciclo de capacitación para la emisión del certificado (…) Las universidades públicas autónomas, en los casos en que impartan enseñanza de idiomas o lenguas originarias, podrán coordinar con el IPELC la otorgación del certificado, excepto en la formación a nivel de licenciatura o post-grado”, indica la norma.

Enfatiza que dicha acreditación “será el único documento válido para el ejercicio de funciones en la administración pública y entidades privadas de servicio público”, y detalla que los personeros “deben obligatoriamente actualizar periódicamente sus conocimientos en las lenguas o idiomas originarios, en el marco de los principios de la Ley N° 269”.

Destaca que el certificado “tendrá un formato único y deberá contener las medidas de seguridad necesarias para garantizar la autenticidad de los datos registrados en el mismo”, será emitido a través de un sistema informático, “a desarrollarse bajo la normativa de interoperabilidad, gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación”.

Hace algunos días el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, sugirió que los asambleístas tengan que saludar en idioma originario como requisito para hacer uso de la palabra en las sesiones, a tiempo de considerar necesaria una evaluación del personal que trabaja en el sector público, para ver si hablan alguna de las lenguas originarias reconocidas en el país.