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Por: Eduardo Ruilowa 

Luego de que los relatores de Naciones Unidas, Marcos Orellana (sustancias tóxicas y derechos humanos) y José Francisco Cali Tzay (derechos de los Pueblos Indígenas) enviaran una carta al Estado, donde plantean su preocupación  por el aumento del comercio y el uso irregular del mercurio y el impacto de esta actividad en los pueblos indígenas, el Estado boliviano responde con un informe sobre las acciones que viene realizando en la identificación, reducción y mitigación del mercurio en la salud de la población.

Los estudios de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) y del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib)  sobre la exposición de las mujeres al mercurio y sobre el negocio y comercio ilegal de este metal, mostraron el incumplimiento de Bolivia al Convenio de Minamata, suscrito en 2013 por 140 países y puesto en vigor desde 2017. Respecto a este punto, el Gobierno responde enumerando una cantidad de leyes y decretos relacionados con el tema, además de las acciones que viene impulsando.

El Gobierno afirma que los hechos descritos por las Relatorías Especiales ocurrieron en gestiones posteriores a la suscripción del Convenio de Minamata, aspectos que, sumados a la crisis sanitaria a nivel mundial, generaron dificultades y demoras en su implementación. Sin embargo, a partir de las elecciones generales de octubre de 2020 las acciones fueron tomando normalidad asumiendo los mecanismos pertinentes. 

A través del informe, el Gobierno de Luis Arce señala que mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua implementó acciones para dar cumplimiento al Convenio de Minamata. Entre ellas menciona dos proyectos a mediano y largo plazo para una mejor gestión del uso del mercurio y al mismo tiempo aumentar los ingresos utilizando tecnologías sostenibles sin que requieran el uso de este metal.

También menciona que en el último año el Estado, mediante el Instituto de Salud Ocupacional, ha realizado análisis a 91 trabajadores que se apersonaron de forma voluntaria debido a malestares que presentaban, teniendo como resultado que el 3,3% de esta población obtuvo valores por encima del límite permisible de mercurio en la sangre.

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