Gobierno defiende en Viena datos de la coca que no están validados por Unodc

Debate. Bolivia y la Organización de Naciones Unidas (ONU) no tienen los mismos datos sobre la producción de coca. La diferencia saltó ayer en la apertura del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes del organismo que se desarrollará hasta el viernes en Viena, la capital Austria.

El impasse estalló en noviembre y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en su informe anual divulgado el fin de semana, recomendó al país “reanudar” la cooperación con la ONU para llevar adelante el monitoreo de las plantaciones ilícitas de coca que son desviadas para la fabricación de cocaína.

Ayer, la delegación boliviana, liderada por el vicepresidente David Choquehuanca, defendió el uso tradicional de la coca así como el derecho del país para industrializarla. Lo hizo justamente en la apertura del encuentro internacional “que tiene el mandato de decidir el alcance de la fiscalización de sustancias bajo los convenciones de 1961, 1971 y 1988”.

Precisamente, la Convención de 1961 incluyó a la hoja de coca en la lista global de estupefacientes. Bolivia, que rechazó esta decisión desde finales de los años 80, denunció el tratado en 2011, pero luego solicitó su adhesión con “reservas” sobre el consumo lícito y “en estado natural” del vegetal. De este modo, el consumo de coca para fines médicos, alimenticios y rituales se legalizó, pero sólo en territorio nacional.

Ante este foro, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó y defendió el reporte de plantaciones de coca, cuyos resultados no coincidieron con el monitoreo de las Naciones Unidas. “Nosotros queremos demostrar que la gran mayoría de la producción de la hoja de coca, de las 29.200 hectáreas que se encuentran en el país, más de 22.000, aproximadamente, van al consumo local”, alegó Del Castillo.

Pero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó que los cocales llegaron a las 30.500 hectáreas entre 2020 y 2021. La cifra supera en 8.500 hectáreas a las permitidas por la Ley 906 del Régimen General de la Coca y en 1.300 hectáreas al reporte entregado hace cuatro meses, en noviembre de 2022.

Ante este escenario, la JIFE hizo recomendaciones también para Perú. El vecino país, en la gestión del destituido presidente Pedro Castillo, hizo sus propios reportes.

“En lo que respecta a los cultivos ilícitos, Bolivia y Perú no han publicado datos validados por la comunidad internacional, correspondientes a 2021. Ambos países habían trabajado previamente con la Unodc para llevar a cabo estudios periódicos sobre la superficie abarcada por los cultivos ilícitos, así como sobre la erradicación. Según los informes de las autoridades bolivianas y peruanas, en 2021 los dos países habían erradicado 9.458 hectáreas y 5.775 hectáreas de cultivo ilícito de arbusto de coca, respectivamente”, señala ese informe de JIFE que fue distribuido desde el 10 de marzo.

En 2022, el indicador de erradicación de coca ilegal superó las 10.000 hectáreas, según los informes del Ministerio de Gobierno. La JIFE es una organización independiente encargada de monitorear la fiscalización de drogas y vigilar la aplicación de tratados suscritos ante Naciones Unidas. 

Por eso, este organismo recomendó que se “reanuden los estudios e informes de monitoreo de los territorios afectados por cultivos ilícitos que son elaborados y validados en su totalidad por la Unodc”. “Ello permitirá llevar a cabo un monitoreo comparativo adecuado entre esos países andinos, además de asegurar el apoyo a los esfuerzos de los Gobiernos de Bolivia y el Perú en la lucha contra el tráfico de drogas”, puntualiza el informe internacional. 

Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden, son los principales productores de coca y cocaína del mundo. El reporte de JIFE corrobora el dato, pero además alerta de un incremento histórico en la producción de drogas en la región.

“El cultivo de coca y la fabricación potencial de cocaína alcanzaron cifras sin precedentes en Colombia en 2021, con 204.000 hectáreas de cultivo y un rendimiento potencial de 1.400 toneladas de cocaína”, señala el informe.

En el caso de Perú, se cultivaron 80.681 hectáreas de coca frente a las 61.777 hectáreas que se produjeron en 2020. El elevado incremento se debe a la existencia de nuevas áreas de monitoreo.

En tanto, Bolivia ocupa el tercer lugar de plantaciones, a pesar de haber superado la barrera de las 30.000 hectáreas de este vegetal. La cifra aún no está enmarcada en la normativa vigente, recordaron en varias ocasiones delegados de la Unión Europea (UE), el principal financiador de las tareas de lucha contra las drogas en Bolivia.

Choquehuanca afirmó ante los comisionados de la ONU y los miembros de JIFE que fracasó la idea de anular a la hoja de coca. “En el año 1961, la Convención de Estupefacientes ha cometido un error histórico. Tal como lo he manifestado en la plenaria, entonces se cometió un atentado a la cultura de los pueblos originarios” para que la coca sea eliminada “en un plazo de 25 años” tras la suscripción de ese tratado internacional.

“Se ha ido criminalizando, lamentablemente por décadas, a las y los productores de hoja de coca; no sólo en Bolivia, sino también en toda la región andina. Evidentemente, Bolivia mostró una serie de avances en esta materia y ha pasado de tener el 20% de la producción mundial de la hoja de coca a tan solo el 10%. Bolivia, hasta este momento, es el único país que ha logrado una estabilización y control de la hoja de coca pese a los conflictos internos”, remarcó el ministro del Castillo en Viena.

La autoridad destacó así la creación de la empresa estatal Cocabol y adelantó que “va a generar una industria química a partir de la hoja de coca”. “Estamos sacando todas sus propiedades, estamos generando fuentes y recursos adicionales o alternativos a los productores”, puntualizó la autoridad.

El ministro del Castillo señaló que la experiencia boliviana puede aplicarse en otros países. “El Estado Plurinacional busca generar conciencia ante las Naciones Unidas respecto al uso y consumo de la hoja de coca por parte de los pueblos milenarios y ancestrales del área andina de Latinoamérica, además de los componentes beneficiosos”, remarcó la autoridad.

“Malas noticias, desde 2019 la superficie de cultivos de coca ha estado en aumento y eso no ha cambiado, esa tendencia continúa, lamentablemente, pero, a un ritmo netamente menor, sobre todo teniendo en cuenta el contexto regional y el contexto mundial”, señaló en su momento el embajador de la Unión Europea, Michael Dóczy, respecto al reporte anual.

La elaboración del más reciente informe de coca que se presentó en noviembre de 2022 con más de retraso generó una ríspida relación entre la Onudc y el Gobierno.
A fines de febrero, el ministro Del Castillo expuso los logros antidroga de su gestión ante este organismo y los embajadores de la UE. Sobre este aspecto, los diplomáticos aún no realizaron comentarios.