Gobierno deja de construir condominios y admite que los hizo en la era de ‘bonanza’

A través de la Agencia Estatal de Vivienda (AE-Vivienda), la administración del presidente Luis Arce dejará de lado la construcción de soluciones habitacionales en condominios y, ahora, apuntará al mejoramiento de casas y subsidios para sectores vulnerables. 

Así lo explicó ayer el director nacional de la entidad, Juan José Espejo, en un contacto telefónico con EL DEBER. La autoridad reconoció que edificios y bloques que se construyeron en varias ciudades del país se ejecutaron cuando “hubo bonanza” en el país, en “gestiones anteriores” que corresponden a periodo del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Además, AE-Vivienda identifica como “Comunidades urbanas” a los programas sociales que se hicieron en esos condominios durante los últimos seis años. Entre ellos está, por ejemplo, el complejo Altos de Cotoca, un plan habitacional conformado por 960 departamentos de dos y tres habitaciones que se entregó en 2020. Allí se logró adjudicar apenas el 8%. También está la Villa Olímpica de Tamborada en Cochabamba, un complejo de edificios de más de 600 unidades que ahora está totalmente deshabitado. 

“Una de las modalidades que tenemos son esas Comunidades urbanas que están a la venta. Cuando se ejecutaron esos proyectos, en la anterior gestión de Gobierno, había otro contexto social y político en el país; otras circunstancias en las que había bonanza”, puntualizó el director.

Entre 2007 y 2014, Bolivia tuvo un incremento sin precedentes en sus reservas internacionales. Ese indicador pasó de los $us 5.319 millones a $us 15.123 millones, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB); todo esto por los precios altamente favorables de materias primas. Pero, la tendencia fue a la baja hasta los $us 4.219 millones a julio de 2022, el nivel más bajo de los últimos 15 años. 

Desde el Comité de Vivienda de la Cámara de Diputados se identificó que el 70% de las residencias construidas en condominios se encuentran deshabitadas y, en algunos casos, están abandonadas. El dato corresponde a ocho municipios del eje central del país.

Espejo admitió que existen esos niveles de ocupación y señaló que la pandemia y la crisis política de 2019 afectó a las adjudicaciones. 

“Muchas empresas cerraron por efecto del covid y muchas personas que querían acceder a estos créditos fueron despedidos y ya no pudieron acceder a los créditos. Ahora tenemos indicadores que muestran una mejora en la economía”, afirmó el director.

Pero frente a otros indicadores, como aquel que muestra más del 70% de informalidad de la economía, Espejo dijo que se trabaja “desde la perspectiva técnica y jurídica” para tener una nueva normativa que flexibilice el acceso a créditos de vivienda. El plan de incluir a la banca porque los beneficiados de estas viviendas se financiarán con créditos.

“Ya estamos haciendo los estudios jurídicos para flexibilizar los requisitos para el acceso a los créditos y dentro de las competencias de la Agencia Estatal de Vivienda. Necesitamos una ley que nos permita subvencionar el acceso a la vivienda y las personas puedan acceder un poco más a los créditos bancarios”, apunto, aunque no mencionó plazos para que la propuesta llegue al Legislativo.

El diputado Aldo Terrazas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que existe “un capital dormido” de al menos $us 83 millones, que es lo que debe vender el Estado para recuperar la inversión que se hizo durante esos años de “bonanza”. 

El legislador, que es parte del Comité de Vivienda, afirmó que el Gobierno tiene previsto construir 100.000 unidades habitacionales hasta el 2025, el año del Bicentenario de Bolivia. Anticipó que pedirá un informe oral al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y al director de AE-Vivienda para conocer los detalles de este plan.

Así, Espejo insistió que no se construirá condominios, sino que se hará el mejoramiento de viviendas y casas con la modalidad de subsidio para sectores vulnerables; ancianos y personas con discapacidad, por ejemplo. También se harán viviendas con la participación de los mismos beneficiados en los procesos de construcción de sus casas.

El presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), Juan Pablo Saavedra, señaló que la tarea de vender propiedades es “muy compleja”. Se debe tomar en cuenta la ubicación y el acceso a los servicios.

“De acuerdo con datos del INE al 2019, continuamos con un déficit habitacional cualitativo arriba del 40%. Significa que más del 1,5 millones de familias habitan en una vivienda con materiales deficientes, con acceso limitado a servicios básicos o en condiciones de hacinamiento”, dijo para explicar que AE-Vivienda ya ha beneficiado a más de 90.000 familias, pero, apuntó, “es insuficiente para resolver el problema en corto o mediano plazo”. Propuso así, la creación de un fondo de garantía.

“Creemos que la mejor solución es un fondo de garantía que reciba parte de los aportes patronales de vivienda del 2%, que ahora son destinados a la Agencia Estatal de Vivienda para garantizar y fondear operaciones enfocadas en los sectores que actualmente no acceden a financiamiento bancario por tener un perfil de riesgo mayor al que aceptan los bancos actualmente”, apuntó Saavedra.

Señaló que esta iniciativa, “generaría un gran movimiento económico, que en este momento es muy necesario” para reactivar el dinamismo de las construcciones. 

Saavedra señaló que se deben tomar previsiones y una planificación con miras al crecimiento sostenido de las ciudades del país, especialmente Santa Cruz, que recibe a 60.000 personas por año.