El ministro Edgar Montaño presentó el informe de un posible caso de corrupción que involucra a la gestión del gobierno transitorio. El pago de $us 390.000 tenía el sello de confidencial

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21 de abril de 2021, 14:28 PM
21 de abril de 2021, 14:28 PM


El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció un posible caso de corrupción al interior de Entel durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El pago de $us 390.000 a una “empresa fantasma” de Perú se registró como “confidencial”. 

Montaño aseguró que la auditoría logró recabar los respaldos necesarios y que ya se presentó la acción legal contra los responsables.

“Hemos detectado que se ha pagado ilegalmente a una empresa fantasma en Perú, por un monto de más de 390.000 dólares, y aquí, evidentemente, estamos demostrando que el gobierno de Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca), está trabajando incansablemente contra la corrupción”, afirmó en conferencia de prensa, según publica la agencia ABI.

Montaño señaló que se detectó que Carola V. F., quien actualmente ocupa el cargo de Analista de Gerencia de Finanzas, habría autorizado “ilegalmente” el pago hacia una empresa “fantasma” en Perú, generando daño económico a Entel y al Estado boliviano.

Remarcó que el hecho se cometió durante la gestión de Iván Arias, quien fungía como Ministro de Obras Públicas, y de Eddy Luis Franco, que desempeñaba el cargo de gerente general en Entel. Sin embargo, hasta el momento se carece de evidencias que involucren a ambas autoridades en la cuestionada gestión.

“Queremos decir, caiga quien caiga, vamos a seguir en la lucha frontal contra la corrupción y obviamente, que nadie salga a defender a esta gente que se ha embolsillado ilegalmente recursos económicos que pertenecen a cada uno de los bolivianos”, sostuvo el ministro.

Indicó que se presentó la denuncia formal, tanto en Bolivia como en Perú, contra las personas vinculadas con este hecho de corrupción.

“Supuestamente ellos (la empresa) tendrían que haber hecho un servicio en los nodos de la fibra óptica que instalamos desde el océano Pacífico hasta Bolivia y, obviamente, ellos indicaron que era confidencial y nadie podía hacer auditoría alguna”, explicó.