Escucha esta nota aquí

Los informes sobre un allanamiento a la casa del dirigente Faustino Yucra en el municipio de El Torno fueron corregidos por el viceministro de Gobierno, Wilson Santamaría, quien dijo que se produjo una inspección técnica ocular, que es un procedimiento judicial que organizó la Fiscalía de Santa Cruz.


“Lo que se hizo es una actuación procesal que estaba programada, no hay ningún allanamiento, es una inspección técnica ocular que ya estaba programada con anticipación”, dijo el viceministro en una breve alusión de este reporte.


Faustino Yucra fue aprehendido el 8 de abril de este año en el municipio de Tarabuco, Chuquisaca y ya tenía dos procesos. Los delitos por los que se lo acusa son: asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y fabricación ilícita de explosivos. Pero dos días después fue trasladado por otro caso a La Paz y los cargos son: sedición y terrorismo. En este momento Yucra guarda detención en el penal de San Pedro de La Paz.


Desde el municipio de El Torno se informó, este mediodía, que la Policía se hizo presente y realizó el allanamiento del lugar, aunque el extremo fue corregido por el propio Gobierno. Lo que no explicó Santamaría es por cuál de los dos casos se realizó esta inspección ocular.


“Se debería desarrollar sin contratiempos y deberían estar todas las partes que fueron notificadas”, dijo la autoridad de Gobierno.


El caso abierto en La Paz, ya tiene una decena de aprendidos, entre dirigentes, exfuncionarios del anterior Gobierno y familias del expresidente Evo Morales.


Faustino Yucra fue aprehendido y detenido por una conversación telefónica que tuvo con Morales poco después que este saliera del país. En esa conversación, el expresidente instruía un bloqueo de caminos en las ciudades. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una denuncia contra el exmandatario y ese audio fue enviado a Colombia para su verificación.


La fiscalía pidió ampliar los plazos tomando en cuenta que la pandemia del coronavirus impidió avanzar en la investigación. Los fiscales solicitaron otros tres meses de plazo, pero los abogados defensores afirman que la ley señala que el plazo máximo de detención preventiva es de seis meses y corresponde la detención domiciliaria.