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El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que el Gobierno devolvió este lunes a la presidenta del Senado, Eva Copa, el proyecto de Ley de Estados de Excepción, que fue promulgada el 23 de julio, porque se encuentra en consulta sobre su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La autoridad, a través de una carta remitida a Copa, recordó que el 24 de junio se presentó ante el TCP la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley de Estados de Excepción, en el marco del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado (CPE) para que se ejerza el control de constitucionalidad a priori y se vele por la supremacía de la Carta Magna.

Dicho artículo establece que la decisión del TCP sobre las consultas del Presidente, la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley es de "cumplimiento obligatorio".

"En atención a los antecedentes y fundamentos expuestos, y en resguardo del orden constitucional y el Estado de derecho, hago la devolución de la documentación remitida para fines consiguientes", señala un fragmento de la carta que el ministro Núñez remitió a Copa.

El ministro agrega que, según la página web oficial del TCP, se evidencia que Copa tiene pleno conocimiento de la consulta sobre constitucionalidad de la propuesta normativa, tomando en cuenta que la senadora estuvo, el 6 de julio, en el Tribunal Constitucional para presentar un memorial.

"En consecuencia, usted reconoció la jurisdicción constitucional; en ese contexto, pido a usted señora presidenta (Copa), no incurrir en posibles actos u omisiones ilegales o indebidos que restrinjan, supriman o amenacen los derechos reconocidos por la Constitución o la ley", señala el documento.

Por otra parte, Fernando López, ministro de Defensa, calificó de grave la promulgación del proyecto de ley, ya que, según la autoridad, esta norma limita el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

"En estos momentos, y quiero que entienda la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la Policía y las Fuerzas Armadas no están haciendo otra cosa que defender la vida", enfatizó la autoridad.

Uno de los artículos que generó polémica es el que establece que los funcionarios civiles, militares y policiales "serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y las acciones en ejecución del estado de excepción".

Ante esto, el Gobierno insistió en que es una falta de responsabilidad que se haya elaborado una propuesta normativa que ya está regulada por la CPE.