(LEA EL DOCUMENTO) La Procuraduría emitió un comunicado tras conocerse el revés en la justicia internacional. Sostiene que existirán otras etapas del proceso para defender al país

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16 de julio de 2022, 20:47 PM
16 de julio de 2022, 20:47 PM

El Gobierno nacional señaló este sábado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (Ciadi) no valoró las pruebas que Bolivia presentó dentro del arbitraje iniciado en 2018 por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España.

La instancia internacional parcialmente otorgó tutela a dicha empresa extranjera y ordenó que el Estado pague 105 millones de dólares, como indemnización e intereses debido al proceso de nacionalización de la administración del sistema de pensiones.

Sin embargo, desde la Procuraduría General del Estado se sostiene que “se asumieron todas las acciones de defensa” y se presentaron las pruebas “pertinentes”, “mismas que no fueron valoradas por el mencionado tribunal”.

“A la fecha las entidades competentes del Estado coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales; al considerar que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea”, detalla un comunicado de esa repartición.

Comunicado de Procuraduría:

Asimismo, explica que “el Gobierno dispuso dar continuidad al contrato con la empresa ‘Heinsohn Businesss Technology (HTB)’, permitiendo a la Gestora Pública iniciar operaciones con el respaldo técnico en el menor tiempo posible”.

BBVA alegó que el proceso de transición por la nacionalización de las pensiones fue “caótico y generó incertidumbre jurídica”, pero además acusó ser víctima de “una campaña de hostigamiento” por parte de Bolivia al condicionar su salida del país al pago de contingencias y a una ola de fiscalizaciones.

Bolivia, por su parte, negó que la empresa esté ‘atrapada en Bolivia’, por cuanto la continuidad en la prestación del servicio es una obligación por el contrato de 1996. También negó que haya hostigamiento y atribuyó la demora de la transición a la migración de datos a la Gestora Pública.

El Estado boliviano pidió a la Ciadi que se declare incompetente para tratar este tema, que desestime los reclamos de BBVA o, en su defecto, establezca que no puede ordenar el pago de la indemnización.

En el laudo, emitido el 12 de julio, la Ciadi se declaró competente para tratar el caso y determinó que Bolivia no otorgó un trato justo a BBVA y tomó medidas arbitrarias que obstaculizaron la disposición de la inversión.

La decisión ordena que Bolivia pague a BBVA la suma de 94,8 millones de dólares a título de indemnización, pero además 10,2 millones de dólares a título de intereses compuestos, y que ambas instancias paguen sus propios costos de representación.

Además, la Ciadi ordenó a BBVA poner a disposición de Bolivia y que el Estado tenga un año para aceptar la transferencia de las acciones.