Gobierno dice que cuerpo de seguridad de Camacho era “desproporcional” y que se desconocía la ejecución de su captura

El Gobierno nacional informó este jueves que el cuerpo de seguridad de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, era “desproporcional” y estaba conformado por expolicías y expertos en artes marciales que pretendían evitar su captura.

Jorge Richter, vocero presidencial, señaló que las autoridades nacionales desconocían la ejecución de operativo de aprehensión y anticipó que serán procesados y juzgados los responsables por los hechos de violencia que se registran en la capital oriental.

“Nadie pregunta, por ejemplo, sobre el equipo de seguridad que acompañaba al gobernador, cinco movilidades, con profesionales, expolicías, gente especializada en artes marciales, que se movilizaba por la ciudad con el gobernador, porque él sabía que había una orden de detención. No pone ese cuerpo de seguridad para que lo acompañe y lo entretenga”, ironizó el vocero.

Respecto al tiempo en el que se ejecutó el mandamiento de apremio, el portavoz indicó que “la Policía y la Fiscalía habrán hecho sus valoraciones”, e insistió en que, como Gobierno, “no teníamos conocimiento de ese operativo”.

“Él (Camacho) estaba restringido en el perimetraje territorial de Santa Cruz, no salía al resto del país, porque había estructurado un blindaje con su gente movilizada, para que él no pueda estar frente a la justicia, y la justicia tiene sus formas y tiene finalmente sus maneras”, justificó en entrevista con radio Fides.

Sobre las protestas en Santa Cruz, Richter anticipó que “no tienen la posibilidad de terminar bien”, porque se identificará a los autores de los hechos y se iniciará procesos para que sean juzgados.

“Estas acciones violentas no van a concluir bien, porque después van a existir responsables, con nombres y apellidos, y lo que van a decir es que hay persecución política, para que puedan tener impunidad, para exonerarse de sus responsabilidades”, advirtió.

Remarcó que la detención del gobernador cruceño “no tiene nada de político” y es “estrictamente jurídica”. “El presidente tiene absolutamente claro que este es un movimiento para la búsqueda de impunidad de los sectores que participaron en el golpe de Estado y de aquellos otros sectores que participan en los intentos recurrentes de subversión del orden institucional del país, y sabe los alcances de la conflictología que producen”, concluyó.