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La entrega pública del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será el 5 de agosto como plazo máximo en cumplimiento del protocolo que firmaron el Estado boliviano y el ente multilateral, informó el ministro de Justicia, Iván Lima. Derechos Humanos de El Alto lanzó su voz de protesta e hizo notar que es el segundo retraso que sufre este informe.


“Este viernes 23 de julio se va a presentar oficialmente el informe, lo más seguro es que se entregue a nuestro embajador ante la OEA, Héctor Arce, en Washington, a partir de la entrega del documento, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisar el documento (…) le vamos a comunicar oficialmente nuestra postura a la CIDH y al GIEI y ellos podrán aceptar o negar las observaciones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial que pueda publicarse; estimo que eso sería alrededor del 5 de agosto”, dijo Lima a los medios de comunicación.


El GIEI empezó su trabajo en noviembre del pasado año, el grupo investigó los sucesos entre octubre y diciembre de 2019, las muertes de 22 personas y las heridas a más de un centenar, concentraron su trabajo. Su informe debía ser entregado el 31 de mayo pasado, pero pidieron una adenda y fijaron un nuevo plazo que vence este viernes.

Para el representante de DDHH de El Alto, David Inca, que fue el principal impulsor del caso Senkata, este anuncio constituye un nuevo retraso del reporte sobre los sucesos de noviembre de 2019.


“Primero debían entregar su informe en mayo y lo suspendieron por la pandemia; luego debía ser el 20 de julio según el protocolo que firmaron con el Estado; ahora nos salen con el 5 de agosto, es el segundo retraso que sufre  el informe”, detalló Inca en contacto telefónico.


Otro punto en conflicto se refiere a la vinculatoriedad del informe. Para DDHH de El Alto el acuerdo entre partes señala que es vinculante y por tanto, debe ser tomado como prueba plena por los fiscales en los casos que están en la justicia ordinaria.


En cambio, para el ministro Lima, el informe tendrá un carácter mixto, es decir que será vinculante en algunos casos y solo podrá emitir recomendaciones en otros. Será parte de la revisión que se haga del documento cuando llegue al país.


“No son documentos equivalentes a una sentencia, no es una sentencia, no es una opinión consultiva, es  un informe que tiene que ver con la violación de Derechos Humanos, por lo tanto en algunas partes es vinculante, y en otras tiene carácter de recomendación, eso lo vamos a analizar y vamos a procesar”, agregó el ministro.


Inca dijo que de ser así, entonces debió dejarse a la Fiscalía seguir investigando porque se supone que los expertos investigaron y recopilaron pruebas. Desde su perspectiva, si solo toman como referencia el reporte será dilatar más aún las investigaciones en contra de los responsables de las muertes en Sacaba y Senkata.



  

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