Gobierno dice que la detención de Camacho no puede discutirse porque respeta “en su máximo grado” el debido proceso

El Gobierno nacional se pronunció este viernes, 30 de diciembre, sobre los últimos acontecimientos que involucran al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que fue aprehendido el miércoles, cautelado la madrugada de este viernes y enviado a la cárcel de Chonchocoro por el caso ‘golpe de Estado I’.

A decir de Iván Lima, ministro de Justicia, toda la actuación de la Policía Boliviana, la Fiscalía y la administración judicial está enmarcada en el debido proceso y no puede ser discutida, debido a que la causa data de hace dos años, en los que la autoridad electa no se presentó a declarar.

“Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la Policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso, con argumentos jurídicos”, dijo el titular, enfatizando que la aplicación de las normas es la misma para todos los bolivianos, porque “no hay ciudadanos de primera y de segunda”.

En conferencia de prensa, Lima aseguró que “en el Estado Plurinacional de Bolivia se respeta escrupulosamente el debido proceso”. Asimismo, acusó a Camacho de obstaculizar el caso, negando en al menos cuatro oportunidades su concurso ante el Ministerio Público para declarar.

La conferencia de prensa:

“Hubo una orden fiscal, luego que fue notificado reiteradamente, no tenía otra opción el Ministerio Público, la orden fue emitida en octubre de este año y esta situación nos lleva a descartar absolutamente que el Gobierno pueda avalar o permitir un secuestro. El secuestro es cuando una persona que no tiene potestad ni base legal, priva de su libertad a un ciudadano, esto no tiene ninguna connotación de esas características”, remarcó.

Aseguró que el mandamiento de apremio fue emitido desde la Fiscalía, cuenta con el control jurisdiccional y fue ejecutado por la Policía “en los términos correctos de un debido proceso”, explicando que la circular del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz o la vacación judicial, sobre la no realización de aprehensiones en este tiempo, no limitan el accionar del Ministerio Público.

“Lo estamos haciendo, estamos respetando en su grado máximo el debido proceso, la transparencia en la actuación de la justicia y estamos garantizando la independencia en los términos de la Constitución y la Ley 1970, con otros actores que no actúan con moderación, que buscan que la justicia actúe bajo la amenaza, por el chantaje, esas personas que convocan a la violencia en Santa Cruz”, dijo.

Finalmente, el ministro informó que una de las acciones de libertad presentadas por la defensa del gobernador fue rechazada en La Paz, otra, que es idéntica, será considerada por un juzgado en Santa Cruz; además, se activarán procesos penales a quienes protagonizan la toma de instituciones públicas en la capital cruceña.

“No puede quedar pagado por los impuestos de los bolivianos, quien destruye, quema, genera daño al patrimonio del Estado, debe responder ante la justicia, se activarán acciones penales contra quienes impiden el desarrollo normal de las actividades en Santa Cruz”, advirtió.