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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Bolivia instalarán este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para la indagación de los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre del año pasado en Senkata, Sacaba, Montero, Potosí, La Paz y otros. 

El Gobierno de Luis Arce anunció que, pese a que el convenio se firmó durante gobierno de Jeanine Áñez, fue bloqueado y no avanzó. La expresidenta, efectivamente, observó a dos de sus integrantes.

El Grupo Interdisciplinario está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia.

El 22 de febrero del años pasado, el Gobierno de Áñez pidió a la CIDH que aparte a dos expertos argentinos del grupo, Patricia Tappatá y Juan Méndez.

“Pedimos que se aparte a la señora Tappatá y al señor Méndez para que los bolivianos tengamos la tranquilidad y también el concierto internacional tenga la tranquilidad de que se va a hacer un informe apegado a la realidad”, explicó el exministro de Justicia Álvaro Coimbra, durante una conferencia de prensa. Pero después, la excanciller Longaric ratificó el convenio.

Este mecanismo fue creado mediante un acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Un boletín de la OEA dice que, desde su instalación, el GIEI-Bolivia desarrollará su trabajo de manera “independiente e imparcial”. Programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil respetando las normas sanitarias de cuidado que exige el contexto de pandemia. 

Además, recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana.

El actual ministro de justicia, Iván Lima, señaló que un grupo de avanzada ya llegó el miércoles, y el canciller Rogelio Mayta se encargó de brindarles todas las condiciones de seguridad. “Si hay algo que marca los procesos exitosos luego de un conflicto, para que la sociedad restablezca su relación armoniosa, es el derecho que tienen las víctimas, de conocer la verdad de los hechos”. 

Lima remarcó que esta es una comisión independiente de la CIDH, a partir de un convenio suscrito en diciembre de 2019.

“Lamentablemente, a lo largo de un año, no se dieron las condiciones ni la viabilidad para que se instale el trabajo. La comunidad internacional ejerció presión sobre el gobierno el año pasado, se logró un acuerdo, pero fue obstaculizado, bloqueado, y no se tuvo la voluntad política de que ellos vengan. Cuando asumimos, nuestra primera acción fue darle todas las garantías para que el grupo de expertos llegue al país”, manifestó.

Complementó que indagarán todos los hechos vinculados a violencia y violación de derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. “No es sólo Senkata y Sacaba, también están los de Santa Cruz (Montero), Potosí y otros donde hubo hechos de violencia”. 

En ese caso, se incluiría también la destrucción de buses, quema de casas de políticos, activistas y dirigentes.

Entre sus atribuciones estará elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el período indicado; realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas; efectuar recomendaciones pertinentes, actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.

El boletín remarca que su trabajo no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado. 

El Grupo dará a conocer al Estado Plurinacional de Bolivia los resultados parciales y finales de su gestión, así como las recomendaciones que se estimen convenientes, y elaborará un informe público final de su trabajo.

"La Comisión reitera su convicción y confianza sobre la idoneidad técnica, la integridad y la imparcialidad de las expertas y los expertos integrantes del GIEI, que además contará con un equipo técnico propio, en terreno, para el desempeño de sus funciones", aclaró la CIDH que garantizó que dará seguimiento a los trabajos y las recomendaciones proporcionadas por el GIEI.

Los integrantes

Juan Méndez, argentino, fue ex relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (2010-2016) y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002). 

Durante el inicio de su trayectoria profesional se dedicó a defender a presos políticos. En consecuencia fue arrestado por la dictadura militar argentina, sometido a tortura y fue detenido por un periodo de 18 meses. 

Debido a esta situación, Amnistía Internacional lo adoptó como un “preso de conciencia”. En 1977 fue expulsado de su país, por lo que se trasladó a Estados Unidos. Durante su estadía en ese país trabajó para la Iglesia católica de Aurora, Illinois protegiendo los derechos de los trabajadores migrantes.

En 1978 se incorporó al Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la ley de Washington D.C., y en 1982 inició el programa para América de Human Rights Watch (HRW). Durante más de 15 años colaboró para HRW llegando a ser el consejero general en 1994.

Apoyó también en investigaciones de DDHH en Guatemala y conformó equipo de selección de los Acuerdos de Paz en Colombia

Julián Burger, de Inglaterra, es profesor en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido), de la Universidad de Londres y de Alcalá de Henares (Madrid). Dirigió por 20 años el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Autor de varios textos y libros sobre derechos de pueblos indígenas.

Marlon A. Weichert es Fiscal federal en Brasil desde 1995. Actualmente ejerce como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano. Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. 

Participó como experto en casos ante la Corte-IDH y la CIDH sobre justicia transicional y seguridad pública. Fue parte de equipos de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con crímenes con violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Brasil; e inició el programa para buscar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada. Posee una maestría en Derecho Constitucional. Fue investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York - Hauser Global Fellows Program.

Patricia Tappatá Valdez, argentina, es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos - Unesco, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú.

Fue directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador que investigó el conflicto armado de ese país. Además, coordinó diversos programas de justicia y democracia, en América Latina y África. Fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos de violación de los derechos. 

Fue Directora a cargo de la relación con organizaciones de la sociedad civil en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina. Es miembro de la facultad de LLM en Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Magdalena Correa Henao, colombiana, doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Carlos III, de Madrid, España. Es exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, ha sido asesora jurídica del Ejército Nacional y de las Comunidades Afrocolombianas. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.