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El ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, informó del inicio de procesos administrativos y penales en contra de 52 exfuncionarios del Ministerio de Gobierno que manejaron Bs 156,6 millones en diferentes procesos de contratación y de servicios durante la gestión de su antecesor, Arturo Murillo.


Del Castillo enumeró 22 informes de auditoría de procesos de adjudicación de servicios y compra de material, además recordó otras ocho auditorías que ya se realizaron anteriormente. Por esos 30 informes se detectó la participación de las 52 personas a quienes ya se convocó a declarar.


Según los cuadros del Ministerio de Gobierno, serán 49 procesos administrativos y cuatro procesos penales y el monto del dinero supuestamente malversado alcanza a Bs 156.699.625.


Los procesos administrativos se refieren al incumplimiento de procedimientos para la concesión de contratos, como el cambio de fechas, la publicación tardía en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), la ausencia de los formularios.


Los procesos penales serán aquellos en los que se encuentre la mayor responsabilidad en contratos de millones de bolivianos. Del Castillo presume que los contratos fueron direccionados deliberadamente para favorecer a determinadas empresas.


Dijo que en varios de esos contratos no figura el nombre de un representante de la empresa adjudicataria y por tanto, se presume que fueron palos blancos los que cobraron los cheques.


Llamó la atención el caso de compra de talco para pies destinado al personal de la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) por un valor de Bs 487.578.


Al menos ocho auditorías corresponden a la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros, que es la unidad que opera los aviones C-130, principalmente.


En el proceso de contratación del Servicio Integral de Cadena Logística para la Flota de Aeronaves de Ala Fija asignadas a la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros se gastó Bs 30 millones.


Según el contrato de Servicio de Aeronavegabilidad para 5 helicópteros AS332 asignados a la Fuerza de Tarea Aérea, el gasto fue de Bs 28.322.884.


Por estos 22 casos de presunta malversación, el Gobierno acusó al ex ministro de Gobierno Arturo Murillo y su entorno. El daño económico alcanzaría a Bs 69.283.153.

Este monto se debe sumar a las anteriores ocho auditorías que sumaban Bs 87.416.472 lo que hace un total de Bs 156.699.625, de acuerdo con el ajuste del ministro, Carlos Del Castillo.


  


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