Gobierno iniciará juicio civil a Murillo para recuperar el doble de la coima que cobró
En los tribunales de EEUU las víctimas de la Guerra del Gas lograron una indemnización de $us 10 millones de Gonzalo Sánchez de Lozada
Paralelamente al juicio penal que tiene Arturo Murillo en los estrados judiciales estadounidenses, el Gobierno boliviano le iniciará una demanda civil por un monto que represente el doble de la coima que cobró en la compra de los gases lacrimógenos, así lo hizo conocer el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.
“Buscamos la recuperación de los 2,3 millones de dólares de sobreprecio y que se cuantifique el daño por el pago que se ha realizado durante los días en que la población fue encerrada por la pandemia. Es decir, han aprovechado un momento de zozobra para hacer el pago con sobreprecio donde se han beneficiado varias personas”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
De acuerdo con los primeros cálculos, el sobreprecio por la adquisición de ese material alcanzaría los $us 2,3 millones, unos 16 millones de bolivianos según el cambio oficial de la moneda estadounidense.
Según el Procurador, las leyes del país del Norte permiten que paralelamente al juicio penal se puede iniciar una demanda civil y es a ese mecanismo que apelarán para recuperar el dinero que malversaron Murillo y sus allegados.
El ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, ya había adelantado que el Gobierno está dispuesto a recuperar el dinero que habían malversado con la compra de ese quipo; ahora el Procurador reveló cuál será la estrategia que permita la recuperación de ese dinero.
En los tribunales de EEUU ya se dio una figura similar, las víctimas de octubre de 2003, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada iniciaron una demanda civil por los daños ocasionados y en abril de este año se conoció que un tribunal federal ratificó la decisión de pago de $us 10 millones que deben pagar Sánchez de Lozada y su exministro, Carlos Sánchez Berzaín.
En el caso de Murillo, las víctimas de los enfrentamientos en Senkata, La Paz, Sacaba y Cochabamba, ya solicitaron la anotación preventiva de los bienes del exministro. Según su declaración jurada, presentada el 6 de noviembre de 2020, un día antes de su fuga, su patrimonio alcanzaba a cuatro bienes por un monto de Bs 11,6 millones.
