Gobierno invirtió $us 31,5 millones en material antimotín para un año que se vislumbra conflictivo

El Gobierno se prepara para una guerra en las calles este 2024. A los $us 22,5 millones que el Poder Ejecutivo invirtió en equipo antimotines y que el presidente Luis Arce entregó en la última semana, se suman otros $us 9 millones que dispuso en abril para la compra más grande en la historia de gases lacrimógenos.

$us 31,5 millones en un año, invertidos por la gestión de Luis Arce para la Policía, una cifra histórica. “Este material y equipamiento es fundamental para el ejercicio de las funciones de la institución; expresa la decisión del Gobierno de impulsar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia”, sostuvo el Jefe de Estado al entregar el material: decenas de miles de chalecos antibalas, escudos, visores nocturnos, máscaras antigas y motocicletas, entre otros.

El último viernes se conoció una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano y por lo tanto, el presidente y vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces de forma continua o discontinua. Eso echa por tierra cualquier posibilidad de que Evo Morales se pueda volver a postular en 2025, y abre las puertas para que lo haga Arce, pero analistas y políticos prevén convulsión social.

El militar en servicio pasivo, Jorge Santistevan, aseveró que “todo ese equipo especial que compró es para el control de grupos radicales, extremistas y políticos. Son armaduras antidisturbios, implementos utilizados en eventos especiales, aquellos donde el daño es sumamente alto por parte de los grupos a los que se enfrentan”.

Está claro, dijo, “que la Policía se prepara para una guerra en las calles”. Se preguntó si lo hace “para enfrentar a manifestantes que surgen de la sociedad civil que sale a protestar de manera pacífica para reclamar derechos vulnerados, ¿será necesario este tipo de equipamiento? Yo creo que no, y el Gobierno tiene otro objetivo que es precisamente controlar actos de terrorismo, de sabotaje, de disturbios civiles sumamente fuertes que podrían venir de su enemigo interno, como es Evo Morales, quien estaría organizando lo que siempre hizo, sacar organizaciones denominadas ‘sociales’ y ‘capacitadas’ para desestabilizar, provocando incendios, gritando ‘guerra civil’, destruyendo puentes y carreteras, saboteando a los bienes y servicios. Arce y su Gobierno se preparan para una eventual crisis política”.

Explicó que precisamente para todos esos eventos, “estos trajes que compraron están diseñados para provocar agresiones fuertes. Por ejemplo, grupos extremistas que usan objetos punzantes, cortantes y contundentes. Este traje está articulado por partes, se conectan entre sí desde los pies a cabeza, con protección para cada parte del cuerpo. Y el casco, con la careta de plástico es especial para proteger el rostro y de los gases. En resumen, con esta antrega Luis Arce tiene el objetivo de defender a su gobierno y no al pueblo boliviano”.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, comentó que “seguramente Evo Morales al volver a su faceta antidemocrática del 2000 a 2002, no se va a quedar con los brazos cruzados y tomando previsión de esto el Gobierno lo que ha hecho es comprar este equipamiento, en caso de que el jefe del MAS intente convulsionar el país. Será el primero en lanzar la piedra de la violencia, pero yo veo a Morales muy disminuido. Por eso no se aplica solamente a él, sino a cualquier movimiento opositor”.

El asambleísta ve un 2024 “con mucha convulsión social, sin la garantía electoral. Un Evo Morales que no puede ser candidato, y ahora el TCP se lo ratifica, todo eso pinta que el año nuevo será de cambios políticos y otra vez, de confrontación entre bolivianos”.

El ministro Eduardo Del Castillo aseveró que la idea es dignificar “a la fuerza policial para que tenga un óptimo rendimiento en la realización de su labor constitucional. "Informamos que nada de esto hubiese sido posible sin la instrucción y la visión clara de nuestro presidente Luis Arce de equipar a nuestra Policía para enfrentar los nuevos retos que vienen. Equipar a la Policía es para dar mayor seguridad a la población boliviana y hacer respetar la Constitución Política del Estado, la normativa legal vigente y la normativa interna”, apuntó.

El presidente Arce acotó que esta entrega tiene también como objetivo la construcción de la Policía del Bicentenario y la mejora en la instrucción académica y profesional. “Podemos decir que estamos sentando las bases más importantes para el cambio de la Policía Boliviana. La Bolivia que estamos construyendo, la del Bicentenario, es una patria industrializada, con mayores y mejores oportunidades para todos, y para que esto ocurra la Policía debe estar a la altura de la situación, del ciudadano y del pueblo”, ponderó.

El senador ‘evista’ Leonardo Loza, opinó sobre la esta última entrega. “La dictadura de Áñez había gastado sólo Bs 40 millones, pero el gobierno democrático que elegimos con nuestro voto gasta más de Bs 157 millones, más que la derecha. Esto no es para combatir el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia ni la violencia. Es para reprimir al pueblo. Están previendo que la gente, por tantos hechos de corrupción, el mal manejo del Estado, se va a movilizar, entonces hay que equipar a la Policía para que actúe en contra de la población boliviana. Denunciamos que en vez de invertir en cosas importantes lo hacen en equipamiento represivo. No es para enfrentar a narcos, sino al pueblo, y no estamos de acuerdo con que se gaste tanto dinero”, señaló.

Los gases

En abril de 2023 la administración del presidente Luis Arce destinó $us 9 millones para comprar una cantidad no esclarecida de agentes químicos, gases lacrimógenos que son empleados para dispersar y reprimir movilizaciones de protesta. Eso sí, la Policía también emplea una pequeña parte de estos insumos en sus respectivos entrenamientos.

Se trata de la mayor asignación presupuestaria para estos fines desde 2018, según un análisis comparativo de fuentes, declaraciones y documentos oficiales que hizo EL DEBER para este reporte.

Entre 2019 y 2020, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez compró un lote de gases y equipo antimotines fabricados por la brasileña Cóndor. La operación demandó $us 5,6 millones y se hizo a través de la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), que pagó $us 3,3 millones a esa factoría.

El monto de la operación, manchada por un notorio e ilegal sobreprecio, es casi un 50% menor al proceso de adquisición que consolidó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, entre diciembre y el primer trimestre de este año. La autoridad reveló a los periodistas que se erogó Bs 64 millones, algo más de $us 9 millones, para este equipamiento.

Pero el ministro explicó entonces que la compra fue directa a la empresa Cóndor y contó “con todos sus equipamientos”, incluyendo el coste de transporte. Aseguró que hubo un ahorro de Bs 16 millones que prometió invertirlos en el fortalecimiento de la Policía y que se generó cuando su despacho optó por la oferta más barata que, justamente, provino de esa proveedora brasileña observada.