Después de 48 horas de tensión por la advertencia del Órgano Judicial de iniciar paros escalonados en demanda de mayores recursos, ministros del presidente Rodrigo Paz se reunieron ayer con representantes del sistema judicial y acordaron abrir una negociación sobre el presupuesto destinado a la administración de justicia.
El Poder Ejecutivo expresó su disposición a analizar un incremento de recursos, aunque descartó que se alcance el 5% del Presupuesto General del Estado, como plantea el sector judicial.
“Estamos encaminados a resolver los pedidos del Tribunal Supremo de Justicia”, declaró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras concluir la primera reunión con la comisión del Órgano Judicial que llegó a La Paz para viabilizar el acercamiento.
El lunes 29 de junio, tras una reunión nacional “de emergencia”, representantes judiciales otorgaron un plazo de 20 días a los órganos Ejecutivo y Legislativo para atender sus demandas. En caso de no ser atendidos, anunciaron un paro de 24 horas con la amenaza de avanzar de manera escalonada hasta una huelga indefinida de servicios judiciales.
Aunque distintos sectores políticos consideraron legítimo el reclamo por un mayor presupuesto, la advertencia de paralizar la atención judicial causó sorpresa y críticas. Algunos legisladores compararon la medida con las acciones de presión promovidas habitualmente por movimientos sociales y cuestionaron que uno de los órganos del Estado amenace con suspender un servicio esencial para la población.
Tras la reunión de ayer, la tensión disminuyó y se abrió un canal de diálogo entre los magistrados y el Ejecutivo. El Gobierno comprometió la participación de los ministerios vinculados con el tema, principalmente el de Economía y Finanzas Públicas, para evaluar la demanda de elevar el presupuesto judicial, que actualmente representa cerca del 0,35% del presupuesto estatal.
Con este acercamiento, se prevé que la advertencia de iniciar medidas de presión quede en suspenso mientras continúen las negociaciones.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el proyecto de presupuesto reformulado para este año contempla incrementos para los órganos Electoral, Judicial y Legislativo.
“Todo el Órgano Judicial estaría recibiendo un incremento de presupuesto si la Asamblea Legislativa aprueba este presupuesto”, afirmó la autoridad.
Sin embargo, dejó en claro que el aumento no puede llegar al 5% solicitado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, porque una asignación de esa magnitud obligaría a reducir recursos destinados a otras áreas. “Si subo al 5% el presupuesto de la Justicia, ¿a quién le quito? ¿A salud o a educación? Los recursos son escasos”, sostuvo Espinoza.
La agenda semanal de la Cámara de Diputados contempla el tratamiento del proyecto de ley 425, de modificaciones al Presupuesto General del Estado para 2026. Hasta el momento, la directiva camaral no precisó si la propuesta será considerada en las sesiones del jueves o el viernes.
Espinoza aseguró, sin detallar cifras globales, que el nuevo proyecto presupuestario reduce en un 30% el gasto corriente del Estado. “En contraposición, hemos incrementado entre un 40% y un 50% el presupuesto respecto de lo que ya tenían anotado este año los otros órganos del Estado. Los poderes Electoral, Judicial y Legislativo han recibido incrementos”, manifestó Espinoza.
Por su parte, Saucedo afirmó que el Gobierno demostró predisposición para atender las demandas del sistema judicial y destacó que ambas partes acordaron definir una ruta de trabajo.
“También existe la predisposición de nuestra parte para solucionar esto sobre la base de una ruta crítica, pero primero había que agotar la vía del diálogo. Ese diálogo se está dando y va a permitir alcanzar soluciones”, señaló.
Además de negociar un incremento presupuestario, las autoridades judiciales deberán presentar información sobre el destino de los recursos solicitados. “Se debe explicar cómo y para qué se van a utilizar esos recursos, porque es plata de la gente”, subrayó el ministro.
En los primeros ocho meses del Gobierno, el Estado continuó operando con el presupuesto de la administración de Luis Arce, debido a que el proyecto elaborado aun no superó el tratamiento legislativo.