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El Gobierno emitió el decreto 4156 que permite levantar la confidencialidad de los contratos que establecía la Produraduria General del Estado (PGE) con asesores externos, informó el procurador, José María Cabrera en conferencia de prensa que llevó a revelar los "archivos secretos" de esta entidad.

El decreto 2698 eximía a la Procuraduría de publicar en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) los contratos que realizaba para asesoría en los juicios internacionales. 

Fueron dos empresas las que se beneficiaron con la mayor parte de los contratos externos a los cuáles el Estado boliviano les pagó 50 millones de bolivianos, aproximadamente.

Un bunker contiene los archivos de todos los procesos que siguió el Gobierno de Evo Morales para la nacionalización de las empresas y que ahora pasó a denominarse "proceso de estatizacion".