Gobierno no cede, el diálogo se rompe y el paro por el censo es contundente

El paro continúa tras una primera jornada de paro indefinido que tuvo contundencia. Hubo violencia en las primeras horas en algunas zonas, pero se consolidó por la escasa presencia de vecinos en las calles y la ausencia total del transporte público. El Gobierno intentó desactivar la extrema medida sin retirar el Decreto 4760 que posterga el censo hasta 2024 y, de ese modo, el diálogo se quebró.

La ruptura se produjo tras una accidentada negociación que se desarrolló con varios intervalos. A las 8:45 se instalaron las conversaciones, pero no se avanzó porque surgió un pedido para “pacificar” a los vecinos tras la muerte de un ciudadano en la población fronteriza de Puerto Quijarro y la irrupción de grupos de choque afines al MAS en la entrada a Los Lotes, en el Sexto Anillo de la capital cruceña.

También trascendió que faltaba la llegada de algunos técnicos de INE. El paro comenzó casi sin bloqueos, los vecinos fueron saliendo de a poco e instalando puntos de bloqueo en los que abundaron banderas cruceñas y bolivianas; además colocaron pancartas y alegorías alusivas al censo en 2023.

En los puntos donde hubo violencia: Los Lotes y la avenida Santos Dumond se vio a gente afín al gobierno e incluso al concejal José Quiroz, liderando a uno de los grupos de ‘desbloqueadores’.

A las 13:00, se reinstaló el debate, que comenzó con reclamos al Instituto Nacional de Estadística (INE) porque no mostró avances desde 2021, cuando se declaró que el censo era de “prioridad nacional”, a merced del Decreto 4546. Esa norma estableció aplicar la gran encuesta este 16 de noviembre, pero eso ya no será posible.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso una “norma complementaria” para “construir la fecha” de la encuesta, pero luego consideró que no veía conveniente anular el decreto observado que está en el corazón del conflicto.

La propuesta generó susceptibilidad entre los profesionales de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm). La demógrafa Melvi Vargas lamentó que el aporte técnico que planteó la Universidad “haya sido menospreciada” por  las autoridades del Gobierno. La especialista dijo que hubo varias “incongruencias” del INE y que es obligación del Gobierno admitirlas y subsanarlas para poder avanzar. Afirmó que, cuando solicitó información, le pidieron leer la página web del Instituto y, tras la insistencia, le enviaron “notas de prensa”. Vargas resaltó la importancia de contar con información oficial para apoyar al Gobierno en la realización del próximo censo.

“¿Hay voluntad del gobierno de hacer el censo en 2023? Esa es la pregunta. El Gobierno tiene que atender, así como atiende a sectores que son afines al MAS, nosotros, los cruceños, somos tan bolivianos como ellos y yo no acepto que haya discriminación en Bolivia y que solo se quiera atender demandas de grupos corporativos del MAS”, apuntó luego el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas. “Si estamos en este paro; esto es consecuencia de la no información oportuna. Han habido 17 comunicaciones no respondidas”, afirmó la autoridad académica, quien pidió al Gobierno que asuma esa responsabilidad sobre el censo fallido.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, dijo que se podía “avanzar en el diálogo” si se abrogaba las fechas que están concernidas en el Decreto 4760. La norma establece que el censo se realizará en un día no definido entre mayo y junio de 2024, aunque la ministra Prada anunció su disposición para debatir la fecha, pero, remarcó, “de manera complementaria” al decreto 4760.

El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, desafío así al Comité Interinstitucional y a la Universidad para que presente “un sustento técnico” que garantice un censo de calidad. La postura es la misma de agosto, cuando el Gobierno activó las mesas de “socialización” en las que mostró el cronograma de actividades para llegar hasta el día de la encuesta y el procesamiento de los resultados.

Pasadas las 15:00, los integrantes del Comité del Censo pidieron un cuarto intermedio y volvieron a instalar la mesa de negociación cerca de las 17:00. Una se reanudó el encuentro, el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, leyó el proyecto de decreto que, además, fija la incorporación de la comunidad universitaria para el desarrollo del proceso estadístico.

La norma propuesta por Santistevan se basa en el Decreto 4546, que declaró “de prioridad nacional” la realización de la gran encuesta y estableció su mecanismo de financiamiento. Además, subraya que la fecha de realización sea en 2023. Sin embargo, el Decreto 4760, promulgado por Luis Arce el 13 de julio postergó esta actividad para el 2024.

“Realizar la actividad censal el 2023, para que hasta abril del 2024 se conozcan los resultados y se efectúe la redistribución de los recursos” y abrogar el Decreto Supremo 4760 son dos de los principales planteamientos del proyecto de decreto. El plan fue rechazado por la ministra Prada, quien observó el sustento técnico del documento y descartó que esa mesa de diálogo tenga la capacidad de establecer una fecha específica.

La postura desencadenó la ruptura del diálogo. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, fue el primero en abandonar la reunión. “Es una falta de respeto a mi pueblo”, dijo al momento de salir de las instalaciones gubernamentales de Divprecon. Le siguieron los cívicos, en medio de un breve y ríspido altercado con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ríos, quien fue parte de la comitiva del Órgano Ejecutivo.

El acalorado intercambio de palabras fue protagonizado por el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis y Ruiz.

La autoridad gubernamental le pidió al cívico que se no se retirara; incluso le ordenó tomar asiento. “¡Vos no me vas a mandar! Si yo quiero me paro”, le respondió el cívico.

— “Presente la propuesta, pero no se vaya” y el cívico siguió: “Resolvamos el decreto, como decidieron ustedes políticamente resolvámoslo políticamente y de ahí que trabajen los técnicos”.

La discusión continuó. “No se escape”, le dijo Ruiz y el cívico respondió: “Tu jefe fue el que se escapó (en alusión a Evo Morales), yo salgo y doy la cara”.

Dicho esto, dejó la sala junto al asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, quien además expuso la propuesta de Santa Cruz que fue rechazada por el Gobierno nacional.

El rector Cuéllar, se quedó e intentó calmar los ánimos. Los representantes del Gobierno le entregaron su propuesta y quedaron en que sería sometida al análisis.

Fuentes allegadas al encuentro informaron que Richter anunció la conformación de “una comisión de análisis” a la propuesta cruceña y eso detonó la ruptura.

Tras ello, la respuesta del Gobierno ya no fue conciliadora y apuntó a un nuevo escenario de debate político que puede marcar la segunda jornada del paro.

“Que se hagan cargo de sus acciones y del resultado de las mismas”, les advirtió Prada a los líderes cruceños a tiempo de señalarles la muerte de un poblador en Puerto Quijarro. Sucedió tras la ruptura de las conversaciones.

La muerte de Juan Pablo Taborga en Quijarro puso sobre la mesa denuncias sobre la utilización de funcionarios públicos en los grupos de choque. Según la esposa de la víctima, el fallecido era comerciante y soldador, pero la hermana, Selva Taborga Cuéllar, sostuvo que él era funcionario municipal.

“Mentira es lo que dicen, trabajaba para la Alcaldía, yo soy testigo de ello, mi hermano como era humilde el alcalde lo hacía trabajar hasta tarde y aparte lo obligaba a presentarse a los actos que él organizaba”, posteó en su cuenta de Facebook, desvirtuando la publicación que circula en redes sociales donde se pretende hacer creer que Taborga salió a defender su derecho al trabajo como comerciante y se responsabiliza a los cívicos.

El paro comenzó el sábado cuando venció el plazo de 21 días que fijó el cabildo cruceño del 30 de septiembre. Esa asamblea exigió que la gran encuesta se haga en 2023 y que los primeros resultados de población se publiquen 120 días después del operativo. Todo eso para que el Gobierno pueda aplicar los criterios de distribución de recursos de la coparticipación tributaria en función de la nueva realidad demográfica.

Los resultados del censo también impactarán en la redistribución de escaños en el Legislativo y en la cartografía electoral.

Para evitar el inicio de la protesta, el viernes por la noche, Prada propuso adelantar el censo hasta abril de 2024 y, con ese plazo, entregar los resultados 180 días después, hasta octubre de ese año. No fue suficiente y el gobernador Camacho dijo ayer que, tal como se pudo hacer ese ajuste, el Gobierno debería mostrar “voluntad” para flexibilizar su posición, tomando en cuenta “el mandato del cabildo” del 30 de septiembre.

Cuéllar fue el último en dejar el escenario donde se intentó lograr un acuerdo. Antes de irse, se le entregó la propuesta del Gobierno plasmada en un nuevo proyecto de decreto. “No creo que esta mesa haya sido una pérdida de tiempo. Las puertas del diálogo están abiertas; vamos a analizar la propuesta del Gobierno y esperamos que ellos también lean nuestro planteamiento”, afirmó.

Más tarde, hubo una reunión en la casa de Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico que guarda detención domiciliaria.

“Nosotros presentamos una propuesta y no es por una intransigencia, es por respeto de un mandato que se decidió en ese momento”, insistió Camacho sobre la posibilidad de que el diálogo continúe.