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Cada familia de los fallecidos de los conflictos de octubre y noviembre recibió Bs 100 mil. El dinero fue depositado en todas las cuentas bancarias que suministraron las familias, informó el viceministro de Derechos Humanos, Hubert Vargas. El acuerdo con las familias también contempla el pago entre Bs 50 mil y 10 mil para los heridos, dependiendo del nivel de invalidez que tiene.


“Tenemos también la devolución de los gastos médicos que hayan incurrido en todo este periodo ya sean servicios públicos o privados. Las prestaciones de salud serán hasta la reparación total de los heridos”, detalló la autoridad.


Según su explicación, el acuerdo llegó a tal punto que fueron las familias las que decidieron la aprobación del decreto 4176 que regula los pagos de todos los gastos a familias de fallecidos y heridos entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019.


El ministerio de la Presidencia tenía un presupuesto de Bs 4,5 millones, mientras que el ministerio de Salud debía desembolsar Bs 5 millones en total.


Vargas dijo que de este acuerdo participó la Defensoría del Pueblo y se contó con informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y según esos reportes son 35 fallecidos a nivel nacional y más de 500 heridos de esos conflictos.


Defensoría dice que no se hizo nada


El informe de la Defensoría del Pueblo, que fue presentado la semana anterior, señala que hasta el momento no hubo justicia para los fallecidos en los hechos de octubre y noviembre del pasado año y demanda acción del Estado.


“No se ha garantizado el acceso a la justicia a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto, toda vez que se han agotado superabundantemente los plazos razonables establecidos en la norma adjetiva penal, no existe debida diligencia en la obtención y resguardo de las pruebas y no se ha identificado ni siquiera a los presuntos responsables. Esta situación, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se agrava en aquellos casos de masacres, asesinatos de lesa humanidad y torturas en las que intervinieron directamente la Policía Boliviana y/o las Fuerzas Armadas”, señala parte de las conclusiones de ese reporte.


Este documento es consonante con otros cinco informes de entidades internacionales que velan por la vigencia de DDHH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Clínica de Derechos Humanos Harvard, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh) y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI).