Bajar el déficit del 16% al 9,2% es una de las metas que tiene el presupuesto reformulado que presentó este viernes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ante la Cámara de Diputados; la autoridad también dijo que se prevé reducir el gasto público en Bs 23.000 millones.
“Hemos planteado una reducción del déficit fiscal de más de 6 puntos porcentuales del PIB. El presupuesto que nosotros les estamos presentando tiene un déficit fiscal del 9%, 9.2% para ser exactos, pero que parte no de una base del 11% del PIB como se había dejado en el presupuesto del anterior gobierno, sino que parte de una base real del 16% del PIB”, dijo Espinoza en su presentación.
La Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de Ley de Modificación al Presupuesto 2026 y tiene previsto trabajar “por tiempo y materia” hasta aprobar el documento y remitirlo a la Cámara de Senadores. La Asamblea ingresará a receso el lunes 6 de julio, de tal modo, que solo pueden trabajar este fin de semana en las dos cámaras.
Según Espinoza, el ahorro que plantean tiene dos corrientes, principalmente, la eliminación de la subvención en la compra del combustible y las transferencias corrientes que tendrá el Estado.
“A partir de la racionalización del precio de los combustibles hay un incremento en los ingresos de cerca de 13.000 millones de bolivianos, hay una reducción de las transferencias corrientes de más de 10.000 millones de bolivianos. Esto tiene que ver sobre todo con la reducción de las subvenciones a los combustibles”, dijo en su alocución.
Espinoza denunció que no se había inscrito tres partidas grandes en el presupuesto y eso hubiera provocado un daño mayor, se trata de Bs 3.200 millones de la renta Dignidad que no estaban inscritas. Otros 1.000 millones de presupuesto para el Sistema Único de Salud (SUS).
“Y finalmente no se había anotado más de mil 700 millones de bolivianos que corresponden al pago o al posible pago de un arbitraje con una empresa internacional por la nacionalización en el anterior gobierno de dos empresas mineras”, dijo y advirtió que el Estado sigue en la pugna judicial en este caso.