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El Gobierno nacional abrió la posibilidad de enviar a control previo de constitucionalidad el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.

César Siles, viceministro de Justicia, informó que sugerirá al titular de esa cartera de Estado, Iván Lima, remitir el documento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para garantizar que el texto no vulnera los derechos de la población.

“Los límites de los derechos de una persona están en los derechos de otras personas, los límites del Estado de investigar están en los derechos de las personas, esta norma tal vez requiere un test de constitucionalidad, que hay que hacerlo, lo voy a sugerir, tal vez necesitamos que la norma sea previamente su promulgación, elevada al Tribunal Constitucional Plurinacional para ese test de constitucionalidad”, dijo la autoridad.

Este lunes 11 de octubre algunos sectores cumplen un paro cívico contra la norma, por considerar que será utilizada como herramienta de “persecución”, pese a que su tratamiento fue paralizado por la Cámara de Senadores, que abrió una etapa de socialización ante las protestas.

“No estoy afirmando que sea una norma vulneratoria de derechos fundamentales, pero ante la duda, ante estas movilizaciones, que para mí son más políticas, sería una buena alternativa hacer este test de constitucionalidad”, insistió el viceministro en entrevista con Unitel.

Uno de los aspectos cuestionados del proyecto detalla que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras requiera información en el marco de sus atribuciones”.

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