El Ejecutivo mencionó que aprobaron el reglamento porque la Ley está vigente pese a que tiene un recurso de inconstitucionalidad en el TCP

23 de septiembre de 2020, 21:26 PM
23 de septiembre de 2020, 21:26 PM

El gobierno lanzó el decreto 4345 que reglamenta el pago del “Bono contra el hambre” descrito en la Ley 1330 que promulgó el MAS a principios de septiembre. Sin embargo, este decreto detalla el pago de un bono que no tiene financiamiento y el Ejecutivo dijo que se lanzó el decreto por mandato de la Ley.


La norma, tiene 10 artículos y detalla quiénes y cómo recibirán este estipendio. Entre los artículos 3 al 9 realiza toda la relación de qué entidades supervisarán el pago, quienes deben colaborar para el pago, manda a intervenir a todas las instancias que deben entregar al ciudadano este beneficio.


Pero en el artículo 10 está lo que los masistas llaman “la trampa” y por cual se niegan a aprobar créditos externos paralizados en la Asamblea. “El Bono Contra el Hambre será financiado con recursos de crédito externo, cuyo objeto haya sido definido en los contratos específicamente para este propósito”, señala el primer parágrafo de este artículo.


Obligados


Este punto es el que molesta a los legisladores del MAS que consideran una burla publicar un decreto que dispone un pago de dineros que no existen y que lo único que busca es que se aprueben los dos créditos, uno del Banco Mundial (BM) y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reembolsar dineros que ya se pagaron.


El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, admitió que la Ley 1330 ya está en vigencia y que por mandato de su primera disposición final se debía elaborar el decreto reglamentario en tres días y hoy vencía ese plazo.


“El recurso de inconstitucionalidad que presentamos ante el Tribunal Constitucional (Plurinacional) no tiene nada que ver, lastimosamente la Ley (1330) está vigente y debemos cumplir, por eso elaboramos el decreto que tiene condiciones de cumplimiento”, dijo la autoridad ministerial.


El TCP tiene pendiente pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de esta ley, porque el Gobierno afirma que es una ley que puede llevar a juicio a las autoridades por malversación de fondos, ya que es una ley que no tiene financiamiento. “Ellos (la Asamblea) podrían solicitar que se renegocie con los organismos, eso podemos hacer, pero no pueden disponer de dineros que ya tienen un objeto señalado en el acuerdo”, recordó Alanoca.


Los dos “candados” a los que se refiere son, el artículo 10 y la disposición transitoria única que pone un plazo de inicio de pago 20 días después de recibir el dinero. “Una vez se confirme el desembolso de la totalidad de los recursos en la cuenta de organismo ejecutor del financiamiento para el pago del Bono Contra el Hambre, la gestora en un plazo de veinte (20) días calendario iniciará el pago del beneficio” señala ese texto.


Reposición


El senador del MAS, Omar Aguilar reiteró que el MAS no aprobará los dos créditos que están detenidos en la Cámara Alta y que tampoco darán curso a otros créditos que busque el Gobierno, porque en su criterio con ese crédito que solicitan se puede pagar el estipendio de los Bs 1.000 a cada ciudadano.


Pero el Ejecutivo afirma que el objeto de los dos préstamos que están en el Legislativo no prevén el pago de este bono creado por el MAS y como respaldo muestran las cartas de los dos organismos, el BM y el BID, cuyos ejecutivos afirman que los dineros ya fueron designados y deben servir para ese fin.


Aguilar dijo que el dinero que indican los créditos ya fueron utilizados por el Gobierno y eran los tres bonos, familia, canasta y universal en los que gastaron esos créditos y ahora necesitan la aprobación para la reposición de ese dinero, que fue utilizado con recursos del BCB y no tienen cómo devolver.