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El Gobierno manifestó en las últimas horas que respeta la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni, que resolvió revocar la credencial al magistrado electo Carlos Alberto Égüez, acusado de haber gestado un presunto fraude electoral durante las elecciones judiciales del año 2017.

Iván Lima, ministro de Justicia, pidió que se dé celeridad a una determinación definitiva, que saldrá del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a la cantidad de años que pasó del hecho. 

“Los jueces han decidido revocar la credencial del magistrado (Carlos Alberto) Égüez y habilitar a la magistrada (suplente Mariana) Montenegro como titular. Esa decisión debe ser de cumplimiento inmediato, solamente el Tribunal Constitucional Plurinacional puede dejar sin efecto esa decisión. Sé que es un tema complejo, pero lo respetamos, respetamos la decisión que ha tomado en Beni la Sala Constitucional Primera, y exhortamos a que, si esa decisión se va a mantener, el TCP actúe de forma inmediata”, dijo.

Égüez fue denunciado por una supuesta manipulación de los resultados en los comicios judiciales en el Beni, para resultar magistrado electo en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017.

Los ciudadanos Robin Mercado, Marco Antonio Salazar y María Patricia Guardia, después de tres años de las acusaciones, presentaron una acción popular contra la autoridad judicial, que en las últimas horas fue aceptada mediante un fallo.

Al respecto, el ministro consideró que “hablar de un fraude electoral, tres años después de realizada la elección, debería motivar a una reflexión del pueblo boliviano, no parece lo más pertinente, no parece lo más adecuado actuar luego de tres años, pero el Gobierno nacional tiene una posición firme en este caso, vamos a respetar la independencia de los jueces”, sostuvo.

Lima calificó el hecho de grave y pidió celeridad para conocer una determinación definitiva por parte del TCP. “En temas de gravedad como este, no podemos esperar meses, no podemos esperar semanas, necesitamos una respuesta urgente del TCP. No se va a pronunciar el órgano Ejecutivo más sobre esta temática, porque es algo que dejamos en manos de la justicia constitucional”, subrayó.

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