El Gobierno respondió este miércoles a las exigencias de la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, que se encuentra asfixiado desde hace 48 días por una serie de medidas de presión.
En su nota de respuesta a las demandas de la COB, el Gobierno rechaza el uso de acusaciones generalizadas contra organizaciones sociales y remarca que toda investigación penal “deberá basarse en hechos concretos, indicios individualizados, debido proceso y autoridad competente”.
“Respecto a las personas detenidas preventivamente en el marco del conflicto, el Gobierno nacional solicitará al Ministerio Público la revisión individual de las medidas cautelares, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales”, señala la nota enviada a la COB.
El Gobierno asegura que esta revisión deberá realizarse caso por caso, diferenciando la protesta pacífica de los hechos de violencia, coacción, destrucción, ataques a personas, afectación de servicios esenciales o bloqueo de ambulancias, alimentos, medicamentos y combustibles.
Aclara que “no corresponde una amnistía general ni una liberación automática fuera de los procedimientos legales”.
“La amnistía, en los casos que corresponda, debe tramitarse conforme a la Constitución Política del Estado y con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirma el Ejecutivo.
El martes, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, mandó al presidente Rodrigo Paz una carta de “conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”.
En medio de varios pedidos expuestos en ese documento, Argollo exigió “el alto inmediato” de la “persecución” judicial contra dirigentes y la “liberación inmediata” de los detenidos en el conflicto.
Otras respuestas
El Gobierno también asegura que no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta pacífica y ratifica que no impulsará la privatización de empresas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados.
Respecto al financiamiento externo, se compromete a transparentar toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales.
Asimismo, indica que promoverá mecanismos de socialización, participación y consulta para la aplicación de nuevas normas o medidas de alto impacto.