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Acosado por las protestas callejeras del 10 y 11 de octubre, además de las movilizaciones que se preparan para la siguiente semana, el Gobierno decidió retirar de su tratamiento el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Cámara de Senadores en un intento por detener las protestas.


"Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirarlo y eso es lo que queríamos informar, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten", dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada en conferencia de prensa.


Gremiales, mineros, transportistas y cívicos habían rechazado el proyecto de Ley. Protestaron y marcharon el domingo y lunes. El viernes debía realizarse el ampliado de los gremiales en Cochabamba donde se definiría otras medidas de presión. Este jueves se conoció del rechazo de los carniceros. Todos esos sectores configuraron un escenario de conflicto que el Gobierno prefirió anular con este anuncio.


“Frente a los intentos fracasados, han utilizado la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas como una excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar el temor entre sectores populares del pueblo boliviano, pero nosotros venimos de sectores populares, nosotros somos un gobierno del pueblo y cumpliremos siempre en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano”, dijo la ministra como una justificación de la decisión gubernamental.


La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) emitió un pronunciamiento este jueves en el que pidieron la anulación de este proyecto de ley y dieron un plazo de 72 horas al Gobierno. “Entramos en un paro nacional indefinido, con desabastecimiento de carne en todo el país, se elevará el precio de la carne en todo el país”, señala el pronunciamiento de los carniceros.


Esta mañana hubo una reunión del Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, con las autoridades municipales y los sectores sociales de El Alto; esa reunión fue otro fracaso para el Gobierno porque los alteños rechazaron las explicaciones y convocaron a sus bases para definir medidas de presión.


La reacción del gobernador cruceño


Luis Fernando Camacho celebró el anuncio y lo calificó como un "nuevo triunfo para el pueblo". 


"El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes", escribió en su muro de Facebook.

"Este fue un intento más del masismo por avanzar en su proyecto de control totalitario, pero la ciudadanía y los sectores populares unidos en toda Bolivia supieron oponerse con firmeza y derrotar ese intento de radicalizar más el autoritarismo masista", continuó describiendo.

Anticipó también que "vendrán nuevas luchas, pero siempre triunfará la democracia por sobre el autoritarismo".


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