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Ariel Melgar Cabrera

El Gobierno de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, Álvaro Coímbra; pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cambiar a dos de sus integrantes, que defienden que en Bolivia hubo un golpe de Estado y que forman parte de la delegación que visitará al país la próxima semana, justamente, para verificar los hechos registrados en octubre y noviembre de 2019.

Coímbra observó a Patricia Tappatá Valdez y a Juan Méndez, “quienes, desconociendo la lucha social del pueblo boliviano para recuperar la democracia, calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre de la gestión pasada como un golpe de Estado, lo cual demuestra la imparcialidad y peligrosa tendencia política de ambos integrantes”.

El ministro de Justicia también pidió al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, desvincular a Tappatá y Méndez del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – Bolivia, porque su opinión es “predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia”.

Asimismo, el titular de esta cartera de Estado reafirmó el compromiso del país con la protección y garantía de los derechos humanos. “El Estado boliviano no tiene nada que ocultar porque el Gobierno actúa con sujeción a los derechos humanos y puede permitir la llegada del GIEI, aunque sus miembros tengan antecedentes tendenciosos en favor de gobiernos autoritarios” explicó.

Los aludidos por el ministro de Justicia, en semanas pasadas, ya estuvieron en Bolivia formando parte de una misión de la CIDH que calificó de "masacre" las muertes civiles y apuntó a las Fuerzas Armadas y la Policía de ser los responsables. Luego, ante las observaciones, el organismo internacional aceptó enviar una nueva comisión para verificar lo que pasó en las manifestaciones posteriores a las elecciones del 20 de octubre, que denunciaban fraude en favor del MAS y que derivaron en la renuncia y huida a México de Evo Morales.

Tappatá y Méndez

Tappatá fue funcionaria pública del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desempeñándose como Directora de Organizaciones Intermedias en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; además, es socia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se pronunció, formalmente, sobre la crisis social y política –sucedida en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia– señalando que se trataría de un “golpe de Estado”.

Juan Méndez fue cuestionado en 2014 por el exembajador de Argentina ante Naciones Unidas, Emilio Cárdenas, en cuanto a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU referidos a los derechos humanos de Leopoldo López durante su encarcelamiento en Caracas, Venezuela.