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El Gobierno calificó como “nulo” e “intrascendente” el tercer “petardazo” o “cacerolazo” convocado por el MAS y que debía protagonizar la población en demanda de elecciones generales. No obstante, desde el partido azul, se considera que hubo “buena convocatoria” y que, quizá, la población tiene dificultades para encontrar los explosivos en las tiendas.

“Nosotros ni nos alegramos ni nos entristecemos. No le hemos prestado mucha atención a la convocatoria. Casi no se ha sentido. Creo que es una jornada nula e intrascendente en la que la gente ha elegido bien sus prioridades. Es mejor comprarse alimentos que petardos”, afirmó en entrevista con EL DEBER el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

La convocatoria estaba fijada para las 19:00 e incluso la ex ministra de Salud, Ariana Campero, se encargó de amplificar la misma. Sin embargo, en la urbe paceña, fueron pocos los estruendos escuchados en relación a las dos anteriores convocatorias.

Desde el MAS, el senador Ómar Aguilar, que se encuentra en Sucre, dijo que hubo buena convocatoria, aunque admitió que el ruido fue menor. Atribuyó eso a la falta de petardos en las tiendas, pero destacó que la gente optó por hacer sonar cacerolas.

“La gente siente que tiene que manifestar su malestar de alguna forma. Es la tercera vez, ya parece costumbre. La gente si no tiene para comprarse un petardo, agarra sus ollas y su cucharón para generar ruido, más cuando se cometen hechos de corrupción tan grandes”, afirmó en contacto telefónico.

Agregó que “posiblemente la gente ya no encuentra petardos en las calles, pero yo sigo escuchando ollas a esta hora”, recalcando que la gente reclama responsabilidad, eficiencia y transparencia en la lucha contra el coronavirus y que el proceso electoral se realice de forma inmediata.

Respecto a la realización de los comicios, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mantiene una postura invariable, cumplir con las normas vigentes en el país, que, en el caso de la votación, manda a la organización del proceso en un lapso no mayor a los 90 días desde el 3 de mayo, según la ley aprobada por la mayoría del MAS en el Legislativo.