Gobierno vincula a Evo con narcotraficante y hay tensión en El Alto por la marcha

En el tercer día de la marcha evista del MAS, el Gobierno a través del ministro Eduardo Del Castillo, relacionó al expresidente Evo Morales y líder de la movilización, con personas vinculadas al narcotráfico ya que según su denuncia, el político usa una vagoneta modelo 2024 y la propietaria es una mujer de 21 años que proviene de una familia de narcos.

En ese plano, hasta la fecha el Gobierno activó unas tres investigaciones judiciales contra la marcha, pero ninguna directamente contra el líder cocalero, aunque existe una acción popular que le prohíbe hacer marchas y bloqueos y una denuncia por incumplir esa resolución.

Mientras, después de una reunión que el presidente Luis Arce sostuvo con la dirigencia del Pacto de Unidad que lo respalda, los representantes de esas organizaciones sociales ratificaron que no permitirán la llegada de la marcha evista a La Paz, para ello convocaron a sus bases a una concentración para el domingo en la zona de Ventilla que es uno de los ingresos a la ciudad de El Alto.

De su lado, las plataformas ciudadanas, más conocidas como “pititas”, también se movilizan contra Morales y su marcha, y se activan con otra marcha de protesta que se realizará este viernes en la ciudad de La Paz. La consigna es clara: rechazar la marcha de Morales e impedir su arribo a La Paz.

No obstante, anoche la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó al expresidente Evo Morales a una reunión “para evitar derramamiento de sangre”. El encuetro debería ser mañana a las 18:00 en el ministerio de Educación.

¿Evo en “narco vagoneta”?

El Gobierno puso la mirada sobre la vagoneta blanca en la que se desplaza Morales en sus viajes por el país. Según la denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ese vehículo que es una vagoneta de lujo valuada en 90 mil dólares, de marca Toyota 4Runner, modelo 2024 y con placa de control 6284-ETK, es utilizada por Morales en la marcha y en otros momentos.

Lo que llama la atención del Gobierno es que dicho automóvil está registrado a nombre de Tania J. N. Y., que según Del Castillo tiene apenas 21 años y cuya madre de nombre Alicia Y. Ch., fue detenida, procesada y sentenciada por narcotráfico en 2015, en el gobierno de Morales.

“¿Qué joven tiene la capacidad adquisitiva de tener una vagoneta 2024 tan solo teniendo 21 años de edad?, la única forma es dedicarse a actividades ilícitas y la otra es que sus padres le hubiesen comprado”, dijo Del Castillo y a continuación dio la relación de los hechos donde la madre de la mujer es sentenciada por narcotráfico en 2015 pero que ese mismo año se acoge a una amnistía e indulto firmada por Morales lo que le permitió salir de la cárcel.

“Hoy, años más tarde, esa vagoneta adquirida por su hija de 21 años, una vagoneta valuada en 90 mil dólares es la que está utilizando el señor Evo Morales”, subrayó Del Castillo y anunció que presentará una denuncia penal por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Según Del Castillo, fueron los propios cocaleros de Chapare quienes le informaron sobre el origen y uso de la vagoneta.

Otras dos acciones judiciales que impulsa el Gobierno es por el enfrentamiento entre evistas y arcistas en Vila Vila, el 17 de septiembre que dejó un saldo de 26 heridos, y por la brutal agresión de siete marchistas evistas contra una periodista de Cadena A.

Pacto de Unidad arcista

Desde otro frente del Gobierno, el presidente Arce, ayer se reunió con la dirigencia del Pacto de Unidad que lo respalda, tras lo cual los representantes anunciaron que preparan una concentración masiva en la zona de Ventilla en El Alto, el domingo 22 de septiembre, para impedir el arribo de Morales y su marcha.

“Convocamos a todos nuestros afiliados para defender la democracia y a nuestro Gobierno nacional. Hoy no es momento de hacer campañas. Con aspiraciones políticas personales están marchando, lastimando a los compañeros autoconvocados en Vila Vila, pero hoy hemos dicho ¡basta a la humillación!”, afirmó el ejecutivo de los Interculturales arcistas, Esteban Alavi.

Del anuncio participaron todos los dirigentes del Pacto de Unidad: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Más temprano, en la Plaza Murillo, la dirigencia del Pacto de Unidad arcista, exigió al Ministerio Público y al Gobierno “ponerse los pantalones” para detener al expresidente Morales y enviarlo a Chonchocoro por atentar contra la democracia y gestar un “golpe de Estado”.

Acción popular

La primera acción legal que pesa contra Morales por la marcha que lidera desde Caracollo a La Paz, es una acción popular que presentó el exdiputado opositor Amilcar Barral, en febrero de este año, cuyo recurso falló a favor del pedido de Barral y prohibió a Morales y a sus organizaciones sociales, realizar marchas y bloqueos que atenten el libre tránsito en las carreteras.

Como esa prohibición no fue cumplida por Morales, Barral presentó una denuncia por incumplimiento a la Resolución Constitucional 040/2024, la misma que aceptó la Sala Constitucional Cuarta de La Paz y conminó a Morales a cumplir esa Resolución.

“En caso de desobedecer o incumplir la presente determinación, deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público”, dice parte de la conminatoria de la Sala Constitucional Cuarta.

El 16 de septiembre, un día antes del inicio de la marcha, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, emitió un instructivo al Comandante General de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez Griffths que dice que en cumplimiento a la Resolución Constitucional 040/2024, “se realicen las acciones pertinentes e intervención en los bloqueos anunciados con la finalidad de permitir el ejercicio de derechos de la población, que posiblemente sean vulnerados, así como, la identificación de los responsables de estos hechos”.

No obstante, han pasado cuatro días de iniciada la marcha y la Policía no cumplió esa instrucción. La movilización empezó el martes 17 y esa jornada hubo violencia entre evistas y arcistas, y ayer cumplió su tercer día de recorrido con destino a La Paz.