Gobierno y MAS desahucian ley de amnistía y minimizan pedido de revocatoria a Luis Arce
La ministra de la Presidencia responsabilizó a Rómulo Calvo de provocar una pérdida de más de $us 1.000 millones a la región
El pedido de una Ley de Amnistía para los detenidos políticos en el país fue desahuciado por el Gobierno, cuyas autoridades también minimizaron la advertencia de un revocatorio para las dos principales autoridades y conminaron a la dirigencia cívica de Santa Cruz a buscar el diálogo en vez de la confrontación.
“No habrá ninguna amnistía, no habrá impunidad, que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con estos discursos, con estas declaraciones que usted (Rómulo Calvo) ha realizado, no hay presos políticos, eso debe quedar claro, quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia”, advirtió la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa.
El 25 de enero se realizó un cabildo nacional en las nueve ciudades capitales del país y una de las principales determinaciones fue la elaboración de una Ley de Amnistía que beneficie a los detenidos políticos del país, caso contrario se iniciaría una campaña para promover la revocatoria de mandato de las dos principales autoridades del país.
El portavoz de Gobierno, Jorge Richter, afirmó que los cabildos realizados en el país no fueron representativos y por tanto, carecen de legitimidad para pedir una Ley de Amnistía o promover un revocatorio al mandato de las actuales autoridades.
“¿Cuantos cabildos serios, en lo que significa a convocatoria, hubo en aquel momento?, el cabildo de Santa Cruz eso nadie lo puede desconocer, pero después de eso, el cabildo de Trinidad (tuvo) 400 personas, de la Paz menos de 1.000 personas, Cochabamba no más de 800 personas, entonces, ¿esa cantidad de gente modula la agenda de un país? eso no es un cabildo”, dijo el vocero presidencial.
Asimismo, el senador 'evista' Leonardo Loza advirtió que cualquier intención de revocar el mandato de las actuales autoridades nacionales debe pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa y advirtió que el ala radical del MAS no aprobará ninguna revocatoria y por tanto, cerró las puertas a cualquier demanda que llegue desde distintos puntos del país.
Prada dijo que el paro de 36 días en Santa Cruz le provocó una pérdida económica de más de $us 1.000 millones al departamento y que la dirigencia cívica que impulsó la medida no repondrá ese dinero que ya está perdido.
De ese modo, el Gobierno y el MAS cerraron filas para rechazar el plazo que concedió el cabildo nacional y negó cualquier posibilidad de emitir una Ley de Amnistía.
