Grupos armados toman tierras en sitios ‘estratégicos’ para el narcotráfico

En los últimos seis meses, las provincias cruceñas de Chiquitos, Velasco y Guarayos fueron afectadas por tomas ilegales de tierras fiscales y productivas en zonas “geoestratégicas” que están próximas a las rutas del narcotráfico y a predios donde se hallaron factorías de cocaína y helicópteros que habían sido empleados para transportar esa droga ilícita.

Esas acciones ilegales estuvieron respaldadas por grupos armados, tal como ocurrió el 28 de octubre de 2021, cuando al menos 70 encapuchados redujeron, golpearon y secuestraron durante siete horas a periodistas, productores y policías en la propiedad Las Londras, ubicada, precisamente, en Guarayos.

Los avasalladores se identificaron como parte de la Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz, una de las organizaciones afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Un día después del secuestro de Las Londras, el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, se reunió con ese grupo. El funcionario dijo, entonces, que no estaba al tanto del bullado incidente.

El INRA aclaró, después, que Las Londras estaba dentro de un área de reserva fiscal y no privada. Los avasalladores ya habían construido allí un galpón para almacenar provisiones y herramientas.

Según el registro del peritaje del Instituto de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (Iitcup) a los teléfonos de Rojas, el 31 de octubre a las 17:11, dos días después del ataque armado a Las Londras, el funcionario escribió el siguiente mensaje a uno de sus allegados: “Mirá lo que estoy ganando por apoyar a nuestras organizaciones”.

La Fiscalía avanzó con lentitud en las investigaciones y dos personas fueron detenidas hasta el momento tras el reclamo de las víctimas y los llamados de atención de organizaciones de la sociedad civil y la Unión Europea (UE).

También en Guarayos, un grupo de campesinos interculturales tomó La Estrella, un predio de 35.000 hectáreas que está bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). Pero los comunarios se enfrentaron a otro sector que también estaba reclamando esas tierras y, tras esa pugna, el 20 de marzo un joven de 22 años perdió la vida por un disparo con arma de fuego.

Esas tierras le fueron confiscadas al empresario estadounidense Jacob Ostreicher por un cargo de legitimación de ganancias ilícitas que hasta ahora no fue probado.

Para exigir el esclarecimiento de la muerte del joven comunario, los interculturales bloquearon la carretera que une Santa Cruz y Beni. Ante este ese escenario, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de Álvaro La Torre, el exfiscal que investigó a Ostreicher. El jurista ahora patrocina a la ciudadana colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien reclama la propiedad. Ella fue socia del empresario estadounidense, quien espera recuperar sus derechos.

La Policía no intervino en el bloqueo a pesar de los reclamos de los productores, mientras que el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, afirmó que el tema ya estaba fuera de su competencia.

“Los que están bloqueando son los que se han metido sin respetar ningún procedimiento establecido. ¿Qué quiere decir esto? Ya no les importa si son tierras fiscales, ellos se organizan y toman las tierras, cuando los productores tenemos que sufrir un calvario para ajustarnos a la ley y validar nuestro derecho propietario”, reclamó Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Por su lado, la diputada María René Álvarez, de la alianza opositora Creemos, señaló que también “existen avasalladores con protección armada en Chiquitos y Velasco”, provincias donde se hallaron pistas clandestinas y laboratorios para la cristalización de cocaína.

La legisladora anticipó que en la Chiquitania hay amenazas de sectores cívicos y de la sociedad civil para “desarticular a los avasalladores y a los grupos armados que los protegen”. Lamentó la actitud “pasiva” de las autoridades nacionales, de la Justicia y el Gobierno.

“Estas personas vienen subiendo el tono a los abusos y atropellos con los avasallamientos, la toma ilegal de tierras no solamente se da en el municipio de Guarayos, sino en todo el territorio de Santa Cruz. No vemos una acción real de parte del Gobierno que debería precautelar la seguridad jurídica dentro del departamento y el Estado de Derecho”, afirmó Álvarez.

La diputada expresó su preocupación por el estado de indefensión en la que se halla la sociedad frente a estos grupos armados.

El abogado y militar en servicio pasivo Jorge Santistevan cree que “por toda la evidencia existente”, estos grupos están vinculados con el MAS, “o con un sector radical de ese partido” que ha recibido instrucción militar. “Todas sus actividades caen en la impunidad, como ya está pasando con el caso Las Londras. Estamos hablando de grupos que se albergan en movimientos sindicales y sociales, pero en el fondo son movimientos ficticios para operar de manera irregular por el medio físico del avasallamiento o del control de ciertas comunidades. Actúan en grupos de nueve personas, como células. Están entrenados”, afirmó.

El coronel pidió mirar el mapa del departamento de Santa Cruz para localizar “la ubicación geoestratégica” de la provincia Guarayos. “Está en el centro de un triángulo formado por Santa Cruz, Beni y Chapare, el trópico de Cochabamba que es el bastión político del MAS y donde se originó el liderazgo de Evo Morales”.

La capital de la provincia es Ascensión de Guarayos y está a 305 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra; a 252 kilómetros de Trinidad, la capital del Beni, y a 400 kilómetros de Chimoré. Eso sí, a 70 kilómetros está el extremo norte del Parque Nacional Carrasco, una de las áreas protegidas más golpeadas por la de coca ilegal.

Esta provincia también está situada a 325 kilómetros de Yapacaní, una región afectada por la expansión de coca excedente y las operaciones del narcotráfico.

En 2021, la coca volvió a superar el límite legal de las 22.000 hectáreas. Incluso, se encontró maquinaria agrícola para optimizar los cultivos. Según previsiones de productores y autoridades, la superficie se acerca a las 30.000 hectáreas, 8.000 más de las que permite la nueva Ley 906.

“Hemos ingresado a zonas no autorizadas en la gestión 2021 y por eso hemos desplazado como ocho campamentos a Santa Cruz. Allí se han erradicado 2.952 hectáreas. Una vez que hemos ingresado a esos terrenos nos encontramos con varias sorpresas. No hemos calculado que hubiese existido tanta cantidad de plantaciones de coca en la zona. En muchos sectores, nos hemos encontrado con coca mecanizada”, reveló hace poco el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.

Entre el 12 y 18 de marzo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con apoyo de la Policía Federal de Brasil, ejecutó varios operativos en las provincias Guarayos y Velasco. Destruyeron un laboratorio de cristalización de cocaína que era capaz de procesar hasta 10 toneladas de ese estupefaciente.

Además, en 2021, la policía destruyó 46 narcopistas en cinco departamentos. En Santa Cruz se hallaron 22, mientras que en Beni 17, según el Ministerio de Gobierno. Ambos departamentos concentran el 84% de esos hallazgos.

“En muchos casos, los avasalladores instalan infraestructura, como tinglados para almacenar insumos que son empleados en la producción de cocaína. Eso lo hacen en la ruta del narcotráfico, entre el Beni y Santa Cruz, con Brasil y Paraguay”, apuntó Santistevan frente a este escenario.

El exministro de Gobierno Carlos Romero señaló que, en el país, y particularmente en Santa Cruz, no existen condiciones para un conflicto mayor sobre la propiedad de las tierras que incluya a movimientos armados. “Afortunadamente en la historia de Bolivia los intentos de formación de estos grupos armados no tuvieron éxito”, puntualizó la exautoridad.

Franklin Alcaraz, especialista en la problemática del narcotráfico, no ve relación directa entre avasalladores y el narcotráfico, pero sí “un plan de expansión geopolítica del MAS para consolidar una presencia en el departamento de Santa Cruz, una región que es responsable de la producción del 70% de los alimentos del país.

Grupos afines al MAS exhiben sus armas en un bloqueo en Yapacaní