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En tres páginas, los guardianes el área protegida nacional Madidi canalizaron sus inconformidades ante una serie de hechos suscitados en esta gestión, pero también en los últimos años de administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

"Cansados del recurrente descuido (de autoridades) que se dedican a propiciar tendenciosamente el manoseo y quebrantamiento institucional del Sernap, con abuso de los pocos recursos económicos para satisfacer intereses políticos (...). Solo propugnan pugnas para ocupar la dirección, como si la conservación fuera un pasanaku, dejando en segundo plano la integridad del Madidi (...), favoreciendo la proliferación de las amenazas y actividades extractivas como la minería. En los últimos años se duplicó de forma alarmante la cantidad de concesiones, incluso en zonas de protección estricta", dice la introducción al pronunciamiento de seis puntos.

Los guardaparques firmantes instan a retomar el rumbo institucional del Sernap, con la asignación oportuna y suficiente de recursos, para gastos operativos que garanticen el control.

En el punto 2, demandan el traspaso total de los guardaparques eventuales a la partida del Tesoro General de la Nación (TGN), que trabajan desde hace décadas con "contratos injustos, impuestos desde 2013, y que generan un escenario de desigualdad en cuanto a bonos de antigüedad, beneficios sociales y vacaciones. 

En el punto 3, solicitan al Ministerio de Medio Ambiente cumplir con su rol como MAE del Sernap, para exigir a la dirección del Sernap respeto a la institucionalidad de las áreas protegidas y reconducción de los procesos de contratación de los directores, ya que repercute en la pérdida de autoridad del cuerpo de protección frente a infracciones y presiones a las áreas protegidas.

En el punto 4, recomiendan al Ministerio del área la destitución del director del Sernap por no respetar a la Madre Tierra y someterse a "intereses sectoriales de carácter extractivista".

El punto 5 cuestionan la designación de un nuevo director, que sería posesionado el 16 de abril, "ganador de la supuesta convocatoria pública que nadie conoce", lo que transgrede el Reglamento General de Áreas Protegidas. "Se habría lanzado esa convocatoria bajo presión de organizaciones sociales de mineros, indígenas y campesinos, debido a que la exdirectora se habría dejado manejar por los jefes de protección".

Por último, el punto 6 establece que, al amparo del artículo 342 de la CPE, que dice que es deber de la población y del Estado conservar los recursos naturales y la biodiversidad, los guardaparques exhortan al Gobierno central a hacer cumplir esos preceptos, aumentando el presupuesto, y asignando recursos suficientes y oportunos para garantizar la gestión y reforzar los mecanismos normativos de las áreas protegidas.

A partir del 12 de abril, el Cuerpo de Protección se declara en estado de emergencia, reservándose el derecho de asumir las medidas legales que correspondan. Asimismo, llaman a la Asociación de Agentes de Conservación (Abolac), a los indígenas, campesinos, comités de gestión, colectivos ciudadanos y población en general a sumarse a su causa.

El servicio de energía eléctrica fue cortado este 12 de abril en la oficina central de San Buenaventura, según reportaron a EL DEBER los guardaparques.

EL DEBER se comunicó con el encargado de comunicación del Sernap, quién dijo que este martes se manifestarían sobre el tema.

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