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La Asamblea Legislativa aprovechó dos errores procedimentales del Ejecutivo para tomar la delantera en la ‘guerra de poderes’. Así lo afirma el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, quien, sin embargo, explica que Jeanine Áñez y sus asesores aún están a tiempo de rectificar y presentar un recurso abstracto de constitucionalidad contra las tres leyes promulgadas el jueves por la presidenta del Senado, Eva Copa, que ante la falta de un Vicepresidente del Estado, por la renuncia de Álvaro García Linera, en noviembre último, funge también como presidenta de la Asamblea Legislativa.

Copa promulgó las leyes de alquileres, incentivos a la donación de plasma hiperinmune y de la atención gratuita en clínicas privadas a enfermos de Covid-19. Esas leyes habían pasado por la aprobación de ambas cámaras del Legislativo, dominadas por más de dos tercios por representantes del MAS, pero Áñez se había negado a promulgarlas, por considerarla inconstitucionales y las había enviado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que el viernes rechazó en la etapa de admisión la remisión de las leyes.

Con esto, se escenifica el peor momento de algo que la Ciencia Política define como Gobierno dividido, una figura donde el Ejecutivo es controlado por un grupo político, mientras el Legislativo está bajo el control de otro. 

Para Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas, lo normal es que se lleguen a entender mediante la negociación, pero todo está contaminado por la carrera electoral, en la cual están inmersos tanto Demócratas (es la mitad de Juntos, que lleva Jeanine Áñez como candidata), como el MAS, que postula a varios de los actuales asambleístas a la reelección.

Lo legal

Según Santistevan, el origen de este conflicto es que ambos poderes incumplieron la declaración constitucional 001-2020, que extendió el mandato de ambos órganos y los exhortó -un término que en una declaración constitucional es casi una obligación, aclara el jurista- a garantizar la realización de las elecciones. 

Para Santistevan, que ambos poderes sean parte de esta elección va en contra del espíritu de la prolongación de mandato.

Según él, esta “contaminación del proceso” ha llevado a esta guerra de poderes, ya que antes de que la presidenta se lanzara como candidata a seguir en el cargo, ambos poderes coordinaban y viabilizaron leyes como la convocatoria a elecciones y la rearticulación del Tribunal Supremo Electoral.

Santistevan explica que en lo que se refiere a las tres leyes promulgadas por Copa, ella actuó de acuerdo a la Constitución, ya que el Ejecutivo tiene 10 días para promulgar una ley aprobada por el Legislativo, que es el primer órgano del Estado y máxima expresión de la democracia representativa, caso contrario estaría obligado a vetar la ley y devolverla a la cámara de origen para su revisión. 

Si la consideraba inconstitucional, debió solicitar a la Asamblea que realice el control previo de constitucionalidad y no enviarlo directamente al TCP. 

Según Santistevan, al Constitucional se envían proyectos de ley, no leyes ya aprobadas a las que solo les falta la promulgación y su publicación en la gaceta oficial. Al enviarla directamente, el Ejecutivo no agotó las vías procesales y el TCP le rechazó la consulta. 

Pero no todo está perdido para el Ejecutivo. Como lo anunció ya el viceministro de Coordinación Gubernamental, Áñez se prepara para volver a la carga contra estas leyes en el TCP. 

Santistevan explica que ahora sí tiene la vía libre para no solo presentar un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad contra cada una de las normas, sino también de pedir medidas cautelares para que estas leyes no se apliquen aún.

Ganadores y perdedores

Para Daniel Valverde, abogado y director del Observatorio Político Nacional, este divorcio entre órganos del Estado es espoleado por la carrera electoral, y el MAS intenta conseguir cierta adherencia social con estas leyes mientras el Ejecutivo trata de imponer su criterio. 

En su opinión, esto recuerda mucho al periodo entre 2003 y 2005, cuando Carlos Mesa tuvo que gobernar con un parlamento mayoritariamente en contra, que finalmente lo llevó a la renuncia. Valverde no augura reconciliación entre partes.

Para Arequipa, la crisis del Gobierno dividido no es ni el principal problema del país ni necesariamente beneficia al MAS, pese a la aparente batalla ganada. Cree que el mayor problema en estos momentos es social, la brecha entre campo y ciudad, cambas y collas, clases medias y populares.

En ese sentido, la promulgación de estas leyes por parte de Copa, le da más oxigeno al bloque antimasista, que está empezando a hablar de temas social, mientras estas leyes no coinciden con las mayores preocupaciones de la calle -situación económica, salud y educación para los niños tras la clausura del año escolar- y hace ver como si la izquierda -el masismo- hace estas leyes por una disputa pendiente que tiene con el Gobierno y que va subiendo de tono.