Los masistas condenan a sus adversarios políticos; pero salvan de las responsabilidades a exlegisladoras que participaron de esas reuniones

20 de julio de 2022, 19:13 PM
20 de julio de 2022, 19:13 PM

Mientras los opositores afirman que la nueva denuncia presentada en Sucre contra los líderes que participaron de las negociaciones en 2019 en la Universidad Católica daña la imagen internacional del país; los oficialistas creen que debe haber un castigo para los que protagonizaron los hechos de octubre y noviembre de aquel año.  


“Lo importante es decir que, más allá de estas acciones, el pueblo boliviano está cansado de la injusticia, este tipo de acciones lo único que hacen es seguir destruyendo la credibilidad del país porque ya no hay justicia y por supuesto, empaña la imagen del país a nivel internacional, es parte del montaje que denunciamos antes”, aseguró el diputado, Alejandro Reyes (CC)


La mañana de este miércoles se conoció que el comité impulsor del juicio contra los responsables de los hechos de 2019 presentó la ampliación de la denuncia que hiciera la exdiputada, Lidia Patty en contra de una veintena de exautoridades. Los diputados del oficialismo sin embargo, salvan de esa responsabilidad a las legisladoras del oficialismo que participaron de esas reuniones.


Mientras los oficialistas arremetieron contra los opositores y afirmaron que cada uno sabía a qué estaba asistiendo a la Universidad Católica y que los responsables deben asumir las consecuencias de sus actos.


“Cada uno de los que participaron de las reuniones en la Universidad (Católica) tendrá que someterse a las consecuencias, ellos saben que han cometido un delito, sabían que eso tendría consecuencias y ahora tienen que encarar de forma valiente por organizar un golpe de Estado”, declaró el diputado, Renán Cabezas (MAS).


Los masistas insisten en condenar a sus adversarios políticos pero olvidan que de esas reuniones y sus conclusiones estaban plenamente enterados los dos ex primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera.


“(Adriana Salvatierra y Susana Rivero) han actuado de manera formal, porque eran autoridades electas en ese momento, eran legisladores del Estado, ellas tenían la potestad otorgada por la Constitución Política de Estado para dirigir el Estado, pero había otros como (Luis Fernando) Camacho que no tenía nada que ver en esto, lo mismo Tuto Quiroga, Wálter Vásquez Villamor y otras exautoridades que se han tomado atribuciones que no les correspondía”, dijo el diputado Cabezas.


El empresario Samuel Doria Medina declaró, desde EEUU que el exministro de Justicia, Héctor Arce “le imploró” que asistiera a esos encuentros y acordar una salida política para el país. Este nunca respondió a esas afirmaciones.


Cabezas demandó conocer qué sucedió en las reuniones de los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en la universidad paceña, aunque un documento de la Iglesia relata todo lo sucedido y quiénes participaron de esos acuerdos.