En 2008, más de 250 trabajadores bolivianos fueron captados con ofertas de salarios elevados y acabaron explotados y abandonados en Rostov. Dieciocho años después, la Fiscalía investiga un patrón parecido, pero con un destino más peligroso que es el frente de batalla entre Rusia y Ucrania.
“Nos hemos salvado de morir en la guerra”. La frase fue pronunciada el 1 de septiembre de 2008 por uno de los 25 bolivianos que acababan de retornar a Cochabamba después de una travesía marcada por el engaño, el hacinamiento y la explotación laboral en Rusia, según reportes históricos del grupo EL DEBER.
El trabajador se refería entonces a la guerra ruso-georgiana, que había estallado pocas semanas antes. Sin saberlo, resumía también un antecedente que, 18 años después, cobra relevancia por el caso de bolivianos captados mediante promesas de empleo, trasladados a Rusia y sometidos a condiciones completamente distintas de las ofrecidas.
El caso fue conocido como Cidenbol. Entre marzo y agosto de 2008, una organización integrada por ciudadanos bolivianos y rusos reclutó en Cochabamba a personas de escasos recursos, principalmente albañiles y trabajadores de la construcción. Les ofrecieron contratos por un año en la ciudad rusa de Rostov, con salarios de entre $us 2.000 y $us 2.500 mensuales.
Para acceder al supuesto empleo, cada interesado debía pagar entre $us 5.000 y $us 7.500 por pasajes, trámites migratorios, seguros y comisiones. Muchos vendieron terrenos, hipotecaron sus viviendas o se endeudaron con la esperanza de regresar con suficientes recursos para mejorar la situación de sus familias.
La empresa difundió las ofertas mediante canales de televisión, emisoras provinciales, volantes y una oficina instalada en el centro de Cochabamba. También gestionó pasaportes y visas de turista, aunque el viaje era promocionado como una oportunidad laboral formal.
Pero luego los trabajadores denunciaron que sus documentos fueron retenidos y que se les obligó a firmar nuevos contratos escritos en ruso, un idioma que no comprendían. El salario ofrecido se redujo a unos $us 380 o $us 400, monto del que además se descontaban la alimentación y el alojamiento.
Algunos no encontraron trabajo. Otros fueron enviados de una empresa a otra, realizaron tareas pesadas o recogieron los desechos dejados por obreros rusos. Los testimonios describieron jornadas de hasta 14 o 15 horas, ausencia de equipos de protección, alimentos vencidos y alojamientos hacinados, con pocos baños y colchones deteriorados.
Uno de los retornados contó que la comida consistía en granos, pan y agua. Otros compararon los lugares donde vivían con galpones o cárceles. El coronel Boris Bellido, ex responsable policial de Trata y Tráfico de Personas, recordó este martes, en un contacto con radio Panamericana, que los trabajadores fueron explotados “en diferentes industrias, con cero de seguridad industrial”, sin recibir los salarios acordados y bajo condiciones infrahumanas.
El retorno fue lento y fragmentado. El grupo de 25 trabajadores que llegó a Cochabamba en septiembre había quedado en San Paulo porque se le agotó el dinero. Otros consiguieron pasajes gracias a sus familiares y algunos retornos recibieron apoyo de organismos internacionales. A comienzos de septiembre todavía quedaban cerca de 60 bolivianos en Rusia sin recursos para regresar.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos calculó entonces que el número de afectados superaba los 350. Unos 240 habían viajado y los demás habían entregado adelantos, pero no alcanzaron a salir del país antes de que se destapara el fraude.
Tres años de juicio
El proceso judicial se prolongó hasta febrero de 2011. El Tribunal de Sentencia Tercero de Cochabamba condenó a los hermanos Richard y René Canelas Guzmán a 13 años y seis meses de prisión por tráfico de migrantes y estafa agravada. La sentencia estableció que más de 250 albañiles fueron trasladados con engaños y abandonados en Rostov. El delito de trata de personas no fue incluido en la condena porque el tribunal consideró que las pruebas no eran suficientes para demostrarlo.
Casi dos décadas después, el patrón reaparece con un desenlace potencialmente más grave. La Fiscalía abrió tres investigaciones en Santa Cruz por presunta trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. Los procesos comprenden a unas 31 víctimas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija.
El Ministerio Público pidió información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia e identificó a una persona que presuntamente actuó como líder de los intermediarios en Santa Cruz, quien pudo haber salido a Brasil.
Familiares instalaron un velorio simbólico por dos jóvenes cuyo presunto fallecimiento fue comunicado desde el frente. La Cancillería aclaró, sin embargo, que todavía no cuenta con confirmación oficial de esas muertes. La Embajada de Rusia negó cualquier participación de su misión diplomática en el reclutamiento y aseguró que está dispuesta a colaborar mediante los canales oficiales.