El interinato más largo es de tres años, ocupado por Nadia Cruz como Defensora del Pueblo. Los otros puestos tienen cabezas interinas que pasan los seis meses y están fuera de la norma

10 de julio de 2022, 4:00 AM
10 de julio de 2022, 4:00 AM


En más de una docena de instituciones y empresas estratégicas del Estado hay 32 puestos que se ocupan de forma interina. La oposición y abogados constitucionalistas advierten que el MAS promueve la desinstitucionalización desde hace 17 años, al no respetar la normativa que instruye al Legislativo la presentación de ternas al presidente y designar autoridades de forma independiente.

La preocupación sobre los puestos interinos tomó relevancia el lunes 4 de julio, luego que el jefe de Estado, Luis Arce, designara de forma eventual y basado en un fallo de hace 18 años a la contralora general del Estado, Nora Mamani, en reemplazo de Henry Ara.

Sumado a ello, alarma la permanencia desde hace más de tres años de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien se mantiene en funciones por el estancamiento en la fase de designación a cargo de la Asamblea y a falta de consenso de las fuerzas políticas.

“Es desastroso para la institucionalidad del Estado y para el Estado de Derecho porque los interinatos se dan en las instituciones de garantía para los ciudadanos y en instituciones de carácter económico que tienen un control sobre la estabilidad económica del país. Estos interinatos duran más tiempo que el plazo establecido para los titulares, causando instituciones débiles y permeables a la manipulación política”, refutó el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.

En esa línea, el diputado Andrés Romero, de la bancada de Creemos, exhortó al oficialismo recuperar la institucionalidad y “dejar de designar en cargos importantes a serviles que sólo se dediquen a tapar los actos de corrupción”.

De acuerdo a la normativa, la Asamblea Legislativa Plurinacional está encargada de enviar ternas al Ejecutivo para que el presidente escoja a la autoridad competente. En otros casos, el pleno de la Asamblea deberá ocuparse de la selección, evaluación y designación de autoridades para la Contraloría, Defensoría, Fiscalía General del Estado y otros.

A la fecha, los puestos que funcionan con interinos en el país son Defensor del Pueblo, presidente del Banco Central de Bolivia y cinco miembros del directorio, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), presidente de la Aduana Nacional y cuatro miembros del directorio, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y cuatro miembros del directorio.

Le siguen el presidente de Comibol, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales y cuatro miembros del directorio, titulares de la Empresa Siderúrgica Mutún, la Empresa Nacional de Electricidad, gerente y presidente de la empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Contraloría General del Estado y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

El puesto eventual más antiguo data de hace más de tres años ocupado por Nadia Cruz, quien entró en reemplazo de David Tezanos. Le sigue el titular del BCB, Edwin Rojas Ulo, posesionado en noviembre de 2020. La mayoría de autoridades fue posesionada entre 2020 y 2021 y sobrepasan los 11 meses en el cargo.

Por otro lado, hay cargos que no dependen del Legislativo, pero que también están ocupados por interinos, como el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gastón Cordero. En el caso de la vocalía del Tribunal Departamental Electoral de Beni continúa acéfalo.

Durante la gestión de Morales, al menos tres interinos estuvieron ocupando el cargo por más tiempo que el establecido por la ley para los puestos titulares.

Gabriel Herbas Camacho fue contralor por siete años y tres meses, cuando las leyes establecen seis años como el plazo para el puesto; Marlene Ardaya fue presidenta de Aduana más de seis años, pese a que la ley contempla solo cinco años de período; Marcelo Zabalaga fue presidente del BCB más de cinco años, cuando la ley establece un quinquenio.

En su momento, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera decía que mantenían interinatos en las instituciones porque les resultaba más conveniente, y citaba como mal ejemplo el caso de los jueces, nombrados por ley por siete años, y que cuando cometían un error o un delito se necesitaba uno o dos años para enjuiciarlos o cambiarlos.

Vulneración de la norma

El abogado constitucionalista Carlos Borth explicó que existe una disposición legal que establece que los interinatos no pueden durar más de seis meses, hay casos en los que duran años.

“En este Gobierno y también en los anteriores, la mayoría de las máximas autoridades de entidades estatales son interinas por años y ahí hay una violación de una disposición. Existe esa limitación de seis meses porque una autoridad interina no tiene la certeza de cuánto tiempo ejercerá el cargo y su responsabilidad en la toma de decisiones es limitada”, manifestó.

Agregó que en el caso de las ternas que se deben enviar al Ejecutivo son las que menos se cumplen. “En vez de esperar las ternas de dos tercios, el presidente está designando interinos y no es ese el espíritu de la Constitución. Durante casi 10 años, Morales tenía dos tercios y ni siquiera así ha designado como manda la Constitución”.

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal del 16 de marzo de 2001, se podrá ejercer un puesto con carácter interino cuando se produzca una vacante por renuncia, retiro, jubilación u otras causas por un período máximo de 90 días, que se estima tomará el proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento del titular.

El diputado de CC, Óscar Balderas, recordó que hace un año su alianza presentó un proyecto de ley que reafirma la temporalidad de 90 días de los interinatos, estableciendo la inmediata suspensión de la autoridad que ejerce el respectivo cargo.

El anteproyecto de ley, propuesto por CC y aún no debatido, señala que las autoridades interinas tendrán una duración máxima en el ejercicio de sus funciones de 90 días y al vencimiento de este plazo cesarán en el ejercicio de sus funciones por imperio de esta ley, sin necesidad de comunicación, declaración, memorándum o cualquier otro tipo de resolución o acto equivalente. Producido este evento no podrá decretarse otro interinato.

“Esto en el fondo busca la eficiencia y estabilidad en la función pública, además de evitar dedazos presidenciales característicos del MAS”, enfatizó el parlamentario.

En ese entonces, el partido azul desahució la consideración de este documento porque según el criterio oficialista los opositores solo proponen proyectos que tengan alto contenido político.

El legislador oficialista Juan José Jáuregui afirmó que la designación de la contralora interina y los otros interinatos resguarda la institucionalidad y el patrimonio económico del país.

Falta de consensos

Tanto opositores como oficialistas admitieron que no es posible superar la crisis de la institucionalidad por falta de voluntad política, aunque ninguno asume su responsabilidad.

“Si el gobierno quisiera devolver la institucionalidad del Estado se sentaría con las diferentes instituciones del país darle el espacio que corresponde, buscar la independiente y dejar de buscar gente que le sea servil”, sostuvo el diputado Andrés Romero, de Creemos.

Mientras el oficialismo tildó de “irresponsables” a las fuerzas políticas opositoras que se rehúsan a entregar los dos tercios para designar al Defensor del Pueblo, tras una cuestionada selección de candidatos.

Para CC una salida a esta problemática sería el gran acuerdo nacional con una “verdadera” voluntad política para designar a las altas autoridades y en caso de no existir un acuerdo será necesario una “cruzada democrática”.

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