Hay más recursos para curar que para prevenir el daño forestal

Entre 2012 y 2020, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ha recibido Bs 170.619.637 para financiar programas y proyectos destinados al manejo sustentable de bosques, con enfoque de gestión integral de cuencas, conservación de bosques y suelos forestales, recuperación de suelos degradados en áreas forestales y manejo integral del fuego.

Según la información, publicada hace poco en su portal digital, el 100% de esos recursos proviene del pago de patentes forestales por el aprovechamiento del bosque.

“Recibe como Bs 20 millones por año, luego entrega recursos económicos a los gobiernos municipales para que desarrollen proyectos que deben estar destinados a incentivar la productividad, mejor manejo alternativo, la reforestación en lugares donde se ha deforestado de forma no adecuada, como por ejemplo la servidumbre de los ríos, o puntos dañados por la actividad antrópica o por los fuegos, etc.”, dijo Víctor Hugo Áñez, anterior director nacional de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), que presentó el último informe económico de la entidad fiscalizadora.

Del total recaudado por la ABT (más de Bs 78 millones), el 73% sale de Santa Cruz, seguido del 8% de Beni. De ese monto, un promedio anual de Bs 20 millones se entrega a Fonabosque, aunque el año pasado, por la pandemia, la cifra fue menor de Bs 16 millones.

Fonabosque

De acuerdo a la rendición de cuentas de Fonabosque, el 55% de los más de Bs 170 millones recibidos en ocho años ha sido gestionados por la unidad desconcentrada Sustentar, dependiente del MMAyA, que actualmente no está funcionando, según datos del ex coordinador de Sustentar, Enzo Aliaga, y del ex director de Fonabosque Adrián Bojanic.

Del resto, el 30% se ha invertido en proyectos de Emagua, un 7% en Fonabosque, el 4% en gobernaciones, la mayor parte en Pando, Cochabamba y Oruro; el 3% en ABT y el 1% en alcaldías (Yapacaní, Puerto Villarroel, Guayaramerín y Santa Rosa del Sara). El 52% de los proyectos siguen abiertos o en ejecución, y el 13% en proceso de cierre.

El informe además detalla que en la convocatoria 2020 para que desde la Chiquitania se presenten proyectos, de los 20 municipios con declaratoria de emergencia municipal y/o departamental, 12 presentaron sus informes técnicos de condiciones previas, de los cuales siete fueron valorados positivamente, y solo dos se encuentran en vigencia: Concepción y San José de Chiquitos.

Sobre la escasa participación, Bojanic explica que Fonabosque solo da plata si alguien presenta un Estudio Técnico de Pre inversión. “Son proyectos un poco complicados y a veces no hay capacidad suficiente en las instituciones para hacerlos. Muchos creen que Fonabosque es una caja fuerte donde hay plata, pero para que esa caja se abra tiene que haber voluntad política. No es un sector atractivo para ganar plata o llamar la atención de la gente, o que atraiga votos o más financiamiento. No le dieron la prioridad suficiente”, dijo, a tiempo de compartir que presentó un proyecto, en la época de Jeanine Áñez, para descentralizar las oficinas de Fonabosque a todo el país y trasladar la sede a Santa Cruz. No tuvo éxito.

Bojanic no cree que el trabajo de Fonabosque sea efectivo, “el impacto real no se ve. Tal vez se justifique bien la inversión, pero no los resultados o la generación de un cambio”, explicó, ya que no existe un control o seguimiento de cuántos plantines hay en determinada cantidad de hectáreas. Reconoció que en su momento lo hará auditoría, pero solo para comparar lo físico con lo financiero ejecutado, no tanto el valor o impacto del proyecto.

Coincide Víctor Hugo Áñez, para quien debería haber una instancia de verificación. Por ejemplo, sugiere que antes de que un municipio concurse y acceda a los recursos, la ABT debería evaluar el cumplimiento del proyecto anterior.

Para él, Fonabosque se vuelve juez y parte porque el municipio manda el informe, ellos avalan “algo que certificaron y ahí muere, y el proveedor original de los recursos, que es la ABT, como autoridad del control de bosques y tierra, ni se entera si el proyecto llegó a su final, o si se cumplieron parámetros mínimos”. Dice que el problema es que Fonabosque, más que personal técnico, tiene una gran cantidad de personal administrativo”, aseveró.

Áñez cree que Fonabosque es un programa fallido desde su concepción. “Empezando por su reglamento, ya que solo autoriza financiar proyectos si vamos a comprar computadoras, no hacer promoción de conservación o desarrollo integral de los bosques, preservación o conservación de áreas. La ABT no califica y es algo ilógico y es algo que al final nunca sucedió; la ABT debería dar su conformidad o informe de viabilidad a los proyectos que se presentan”, insistió.

El ex titular de la ABT explicó que con el tema de los incendios la ABT tuvo que hacer modificaciones a partidas para conseguir fondos, ya que desde la instancia nacional nunca se entregaron los Bs 8 millones que se solicitaron para luchar contra el fuego.

“Presupuestariamente no nos abre la partida porque hay una disyuntiva y pone que la gestión de riesgo, al convertirse en una emergencia en los incendios, la debería manejar primero el municipio, después la Gobernación y, por último, el Gobierno central, pero cuando se entra en el ámbito nacional, atiende Defensa Civil”, detalló.

Otro de los que no se benefició con proyectos de Fonabosque es Sernap, que tiene apenas un presupuesto promedio de Bs 70 millones para administrar 22 áreas protegidas en todo el país.

“Nunca presentó el proyecto para que le financiemos, y no es que se quiera culpar a alguien, los requisitos para acceder a Fonabosque son muy altos, hay que presentar derecho propietario y muchos ni siquiera tienen título”, dijo Bojanic.

Sin embargo, una ex autoridad del Sernap, que prefirió no dar su nombre, dijo que los trabajos de Fonabosque, con plantines, son superficiales y no resuelven problemas de fondo.

Opinó que el Sernap sufre de dos cosas desde siempre, una es el tema económico, con asfixia para que desaparezca, “no quieren que hayan administradores de áreas protegidas, o en su momento quieren dar la administración a sectores indígenas”.

Para él, otro punto es que Sernap es un instrumento político porque todas las comunidades se encuentran en el interior de las áreas protegidas. “Les conviene tener con esa gente acuerdos para mover todo un esquema político. Hay negociados de tierras, permisos para hacer actividades. No les importa conservar, es lo de menos para ellos”, acusó.

Paradoja

Hay quienes tienen el criterio de que se deforesta el bosque para luego reforestarlo, pero Áñez tiene una explicación técnica sobre este punto.

“Si lo vemos desde el punto de vista eminentemente de protección de los bosques, podríamos apelar al criterio perverso de reforestar con la plata que entra por la deforestación, pero técnicamente, para hablar de deforestación, yo hablaría más de los lugares donde no hay manejo de bosque”.

Áñez dice que es importante entender que, donde hay manejo de los bosques no hay una deforestación propiamente dicha, sino un aprovechamiento del área, “por eso se habla de manejo y aprovechamiento sostenible del bosque”. Cree que la deforestación, como tal, puede darse más en el criterio de tierras donde se hacen actividades contrarias a su clasificación, como agricultura o ganadería.

En su gestión como titular nacional de la ABT, vio que el problema es que se ha deforestado en áreas no aptas, “como sucedió en la Chiquitania con los PM20 y como sucede en nuestras áreas protegidas, que cada vez tienen mayor grado de invasión del ser humano, donde se tumban árboles sin criterio técnico, etc.”.

Por lo menos en los permisos que se otorgan desde la ABT para tierras que son aptas para agricultura o ganadería, dice que, dependiendo de su clasificación, se deja 30% de bosque o monte parado del total de la superficie del terreno.

“Hay que respetar la servidumbre ecológica, etc., hablando conceptualmente, pero puede que en muchos casos no sea así”, reconoció.

Bojanic considera que, al percibir Fonabosque recursos económicos, esos recursos deberían volver al lugar de donde salieron, convertidos en proyectos.

“La mayor parte de los recursos salen de Santa Cruz y lamentablemente casi nada se le ha financiado”, adujo.