Hay seis demandas activas contra el Estado por el caso ‘Terrorismo’ y alistan juicio
Los cargos que enfrenta Bolivia por vulneración de derechos humanos van desde detenciones ilegales hasta la ejecución sumaria por parte del Estado. La Justicia nunca esclareció la supuesta conspiración para dividir el país. Hay 39 víctimas
El Estado boliviano está acusado de vulnerar los derechos humanos de 39 ciudadanos, quienes estuvieron 10 años tras las rejas, pero de manera preventiva. Los cargos estaban vinculados con el “caso Terrorismo” de 2009, una causa que ya fue archivada por la Fiscalía debido a la falta de pruebas.
Por eso existen seis demandas planteadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una de ellas está a punto de llegar a un juicio internacional, según la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos (Fodh) y los “informes de admisibilidad”, inscritos y publicados en la plataforma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El director de esta fundación, Rubén Darío Cuéllar, en un contacto con EL DEBER, precisó que esas seis “peticiones” son, en realidad, demandas legales, pero que se hacen en el sistema interamericano de los derechos humanos.
Una de esas “peticiones”, la que planteó Zvonko Matkovic en 2015, fue respaldada, precisamente, por FODH, y la Comisión la admitió oficialmente el 11 de agosto.
“Con esto, la CIDH consideró que, en el caso de Zvonko Markovic, hay indicios de que se han cometido flagrantes violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, se abre un periodo para que el peticionario (demandante) presente pruebas adicionales. Con esa información, junto con la respuesta que el Estado quiera dar, la CIDH emite lo que se conoce como el informe de fondo”, explicó Cuéllar.
Pero antes, según precisó, se activó un periodo “de conciliación” entre el afectado -en este caso el actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz- y el Estado. Cuéllar consideró que pueden transcurrir hasta dos años hasta que el caso de Matkovic pase a tuición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyos fallos son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.
No obstante, un escenario de “conciliación”, según anotó el jurista, puede darse “solo si el Estado demanda a los responsables directos de las vulneraciones, como es Evo Morales”, quien era presidente del país en 2009. En abril de ese año, un grupo de élite de la Policía ejecutó un operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz y desmanteló, según la explicación oficial de entonces, “un grupo terrorista” que respaldaba “la idea de dividir a Bolivia”.
Incluso se le atribuyó la planificación del magnicidio de Morales y la autoría de un atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas.
Los ciudadanos Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano); Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Dwyer (irlandés) murieron durante el asalto policial y el Ministerio Público inició un proceso legal contra otros 39 ciudadanos por supuesta complicidad con el supuesto plan “separatista” o como “financiadores”.
Entre estos afectados está el boliviano croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, quienes fueron arrestados en 2009, pero ahora están libres y también iniciaron acciones legales contra el Estado.
De hecho, el proceso planteado por ambos es el que mayores avances tiene en el sistema interamericano. La CIDH lo admitió en 2018 y, a la fecha, ya cuenta con “el informe de fondo”. Cuéllar dijo que el contenido de este reporte aún es confidencial porque la Comisión abre una etapa para que se cumplan las recomendaciones y las respectivas reparaciones. “Si esto no pasa, la CIDH, en calidad de fiscal, eleva el caso a conocimiento de la Corte IDH”, anotó.
Además de Mario Tadic y Elod Tóásó, a esta causa se adscribieron Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y la mamá de Michael Dwyer, “el ciudadano que fue asesinado en el hotel Las Américas y resultó víctima de una ejecución extrajudicial”. Además, los familiares del ciudadano irlandés anticiparon acciones internacionales, precisamente, por los cargos de “ejecuciones sumarias”, que forma parte de las “graves violaciones de los derechos humanos”, tipificadas así en el derecho internacional.
Las cuatro acciones restantes planteadas ante la CIDH corresponden a peticiones individuales en procura de lograr la reparación de daños por estas vulneraciones.
Durante el proceso de admisibilidad del caso, el gobierno boliviano aseguró “que los recursos internos no fueron agotados”, especialmente en el caso de la denuncia de la ejecución de Dwyer. Asimismo, aseguró que los “peticionantes” estaban en la libertad de observar el proceso en cualquier momento.
Tadic y Tóásó en 2015 fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión, tras un proceso abreviado. Abandonaron el país, al cumplir parte de su condena, alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales “por crímenes de lesa humanidad”. En el escrito de admisibilidad, el Estado, a través de la Procuraduría, observó que ellos “no impugnaron la sentencia”, dictaminada.
El caso fue llevado por el fiscal Marcelo Soza, quien solicitó en marzo de 2014 en Brasil refugio político, tras renunciar a seguir investigando “bajo la presión del MAS” y los procesados denunciaron que el caso se debía a motivos políticos, para acallar a opositores.
En 2020, el Ministerio de Gobierno retiró la denuncia y la Fiscalía hizo lo propio porque no hallaron elementos de convicción para poder continuar con el juicio.
El abogado de Matkovic, Gary Prado Araúz, publicó el libro ‘El indebido proceso’, en el que recoge los primeros 20 días del caso, durante la etapa preliminar. Ayer, en contacto con EL DEBER dijo que ese texto está basado en los cuadernos de investigaciones y que existen varias anomalías. “Este caso fue montado por el Gobierno y todo esto está documentado”, dijo.
Contó que ahora prepara un segundo tomo para describir las irregularidades que se cometieron durante este proceso que coincide con el debate constitucional sobre a puesta “en marcha de la autonomía a partir de la vigencia de los estatutos”. Recordó que fue en ese tiempo que Álvaro García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, dijo que “Santa Cruz había sido derrotado militarmente” en alusión al debate sobre la demanda de una mayor descentralización.
“Solo con el caso de Zvonko, la CIDH ha dado un mensaje: Tarde o temprano los que usan política para hacer justicia pagan las consecuencias”, apuntó Prado, respecto a la reciente admisión de ese caso. El Gobierno aún no se pronunció sobre este asunto.
