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Los detenidos, heridos y familiares de los fallecidos en el puente de Huayllani (Sacaba, Cochabamba) se reunieron este sábado con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde descartaron que hayan estado armados y que los disparos que afectaron a decenas de personas, hayan salido de los mismos manifestantes.

Desde la mañana, los integrantes del GIEI-Bolivia, escucharon en audiencia pública organizada en la sede de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a los representantes de los detenidos, 85 heridos y familiares de los 10 muertos en Huayllani, el pasado 15 de noviembre de 2019. En el acto, recibieron sus testimonios y recabaron pruebas de los hechos sangrientos.

“La Policía y los militares, nos esperaron como para una guerra. Nosotros estábamos desarmados, solo portábamos nuestra wiphala. No es cierto que nos disparamos entre nosotros como dicen. Estábamos yendo en una marcha pacífica porque tenemos derecho a manifestarnos”, declaró Ambrosio Yucra ante el grupo de expertos. Yucra es uno de los afectados por los conflictos en Huayllani.

En ese sentido, los testimonios responsabilizaron a las fuerzas del orden.

Los expertos

El Estado Boliviano firmó un acuerdo con la CIDH para crear este grupo que tiene como responsabilidad, ayudar, cooperar en las investigaciones, que el Estado boliviano haga, orientados a saber qué es lo que ocurrió y a identificar a los responsables de los hechos ocurridos ente el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Sabemos, de manera general lo que ocurrió en lo que se llaman ‘los hechos de Sacaba’. Pero llegamos acá para escucharlos a ustedes. Es solo un primer acercamiento. Luego, vamos a pedirles tener entrevistas individuales para conocer cada caso y poder hacer nuestra tarea, que es investigar y hacer una serie de recomendaciones, en un informe para determinar lo que ocurrió y quiénes son los responsables, como para recomendar de qué manera se puede reparar el daño a cada una de las víctimas”, explicó Patricia Tappatá Valdez, una de las expertas del GIEI.

A tiempo de asegurar las garantías de que sus actos investigativos se realizarán “con mucha responsabilidad” y con un criterio más objetivo y responsable, añadió que esperaban en estos seis meses de investigación, “encontrar respuestas para cada atropello que ustedes han padecido”.

Conflictos de octubre y noviembre

Bolivia vivió al finalizar el 2019, un periodo de violencia que alcanzó su punto álgido tras las elecciones fallidas del 20 de octubre. Un día después de los comicios, en los que se cuestionó las fallas en el conteo de votos, empezaron las protestas que denunciaban fraude en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Comenzó Potosí, el registro de material electoral en una casa contigua al edificio del Órgano Electoral exacerbó los ánimos y las protestas se generalizaron en los nueve departamentos.

Evo Morales, que en principio ironizaba las medidas de presión y se declaraba ganador de los comicios, terminó renunciando desde el Chapare -donde este sábado se encuentran los enviados de la CIDH-.

Lo hizo a través de un mensaje transmitido por el canal del Estado. Esto produjo renuncias en cadena de su vicepresidente, ministros, presidenta (Adriana Salvatierra) del Senado y de Diputados (Víctor Borda). Ese mismo día por la noche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviaba un avión al Trópico cochabambino para que el líder cocalero salga del país. Para ese entonces, el país ya llevaba paralizado 20 días.

El MAS manejó la versión de que fue víctima de un golpe de Estado, sus bases se movilizaron, en el caso del Chapare, se trasladaron hasta Sacaba y pretendían dirigirse el centro de Cochabamba. Los militares y policías impidieron el paso para evitar enfrentamientos por lo que el 15 de noviembre la movilización terminó en tragedia; muertos y varios heridos enlutaron esa jornada. 

Las fallecidos se sumaron a los decesos ocurridos en días previos a la renuncia de Morales, tanto en Cochabamba y Montero.

A esta lista se sumaron los 10 decesos registradas en la zona de Senkata, municipio de El Alto, en La Paz. En total, según un informe de la Defensoría del Pueblo, murieron 37 personas en los enfrentamientos de 2019.

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