Calificó como “inverosímil” el fallo que emitió el TCP en 2017 cuando quitó el límite al número de mandatos

11 de septiembre de 2020, 19:44 PM
11 de septiembre de 2020, 19:44 PM

El informe de Human Rights Watch (HRW) observó que las reformas que impulsó Evo Morales, a lo largo de sus 14 años de gestión, socavaron la justicia porque siempre rechazó la idea de la independencia judicial y declaró que la justicia supuestamente era una “doctrina norteamericana”.


Su administración debilitó la independencia judicial al aplicar una serie de reformas del Poder Judicial y otras medidas”, señala el informe de esta organización y enumera cinco puntos que aplicó el expresidente para debilitar la justicia.


La elección de jueces fue la primera observación y el reporte indica que, durante años, fue el Consejo de la Magistratura el encargado de la designación de los jueces. Pero el MAS impulsó la elección de jueces de listas que preparaba el partido de gobierno en la Asamblea Plurinacional.


“Reiteradamente (Morales) llenó esas listas con personas afines al gobierno. En 2017, por ejemplo, seis de los 10 candidatos al Consejo de la Magistratura, conformado por tres miembros, habían trabajado para el gobierno de Morales. De esos seis, dos fueron seleccionados para formar parte del Consejo, incluido su presidente”, detalla.


Luego se refiere a la designación de los jueces en todo el país y ese Consejo de la Magistratura con autoridades afines al gobierno diseñaron la estrategia para la designación de jueces de materia y coparon todos los espacios.


En mayo de ese año el Consejo destituyó, mediante procedimientos sumarios, a 88 jueces. En 2019 realizó nuevas destituciones. Los jueces destituidos recibieron un memorando en el que se les agradecía por sus servicios y se les indicaba que debían dejar sus cargos ese mismo día. Los memorandos no indicaban el motivo de su destitución”, señala el documento.


En tercer lugar, hace referencia a la denominada “Cumbre de la Justicia” que organizó el propio gobierno y que también estuvo integrada por personas y dirigentes afines al Gobierno. El informe estableció que cinco de los nueve miembros de la comisión designada para el “cambio” en la justicia eran partidarios de Morales en la Asamblea o funcionarios gubernamentales que él había designado.


Producto de estas “reformas” el país tiene el 80 % de jueces “provisionales” que creó el gobierno de Morales, “lo cual genera el riesgo de que tomen decisiones para complacer a las autoridades y permanecer en el cargo”.


La reelección


Esos jueces electos en listas elaboradas por el MAS en la Asamblea y llevadas a elecciones por tribunales electorales cuestionados en su idoneidad facilitaron la estrategia del MAS que copó los cuatro cuerpos colegiados del Órgano Judicial: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.


Partidarios (del MAS) presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional alegando que el límite a los mandatos constituía una violación de los derechos humanos de Morales. Invocaron como fundamento una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principal tratado de derechos humanos de América, que establece que los derechos políticos pueden limitarse ‘exclusivamente’ en base a una lista acotada de hipótesis. Esta interpretación resulta inverosímil”, señala el documento.


Calificó como un pronunciamiento controvertido del Tribunal Constitucional el que haya revocado el límite constitucional al número de mandatos, lo que animó a Morales a presentarse a las elecciones de octubre de 2019.