Human Right ve que el Gobierno “debilita la defensa imparcial” de los DDHH con salida de Bolivia del Alto Comisionado de la ONU
La organización internacional señaló que el hecho de que no se haya renovado el acuerdo con Naciones Unida deja desprotegido al ciudadano boliviano. La Cancillería anunció que el monitoreo se hará desde Chile.
La Human Right Watch (HRW) lamentó la salida de Bolivia de los delegados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) y señaló que de este modo el gobierno de Luis Arce “debilita la defensa de los derechos humanos”.
“Al decidir no renovar el mandato de la misión del ACNUDH en Bolivia se deja a las bolivianas y bolivianos sin una entidad imparcial muy importante en el país que vigile los Derechos Humanos”, afirmó el director para América Latina de la HRW, César Muñoz.
Señaló el trabajo que realizó esta oficina especializada de Naciones Unidas: “Dio apoyo técnico muy importante para reformar la justicia” y realizó “un monitoreo constante” al proceso legal instaurado contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Además, señaló el director, “ha promovido el diálogo para superar la polarización y los derechos de personas LGBT, presos, mujeres, víctimas y otros grupos vulnerables”.
“El mensaje del gobierno de Luis Arce a la comunidad internacional es claro: no quiere instancias internacionales que examinen de cerca sus prácticas sobre los derechos humanos y la principal víctima de esta decisión es, lamentablemente, la ciudadanía boliviana”, puntualizó.
La postura del Gobierno
El Gobierno boliviano, a través de la Cancillería, admitió que la misión Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó su misión en el país y pidió que realice el monitoreo de las garantías ciudadanas desde su oficina en Chile.
“El Gobierno ratifica su compromiso de trabajar y cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Ginebra, Suiza o a través de su oficina regional para América Latina con sede de Santiago de Chile”, dijo el vicecanciller Freddy Mamani
Según la autoridad de Gobierno se acordó la presencia de esta oficina para que haga seguimiento de los sucesos de 2019 y que luego se amplió su presencia por dos años consecutivos, hasta fines de diciembre de 2022.
“Esta instancia ha cumplido el tiempo de permanencia en el país, que se había acordado anticipadamente con el Estado; la misión técnica se encontraba en el país a invitación del Gobierno con el fin de recabar información de primera mano y coadyuvar a esclarecer las graves violaciones de Derechos Humanos registrados en de 2019”, justificó el viceministro.
Segunda salida de la Oacnudh
Es la segunda vez que Bolivia concluye su acuerdo con una oficina como la Oacnudh. En 2007 pidió su presencia por los conflictos existentes y esta permaneció en el país hasta diciembre de 2017. El delegado de entonces, Denis Racicot, tuvo la oportunidad de despedirse del país.
En diciembre de 2020, el Gobierno de Luis Arce acordó la presencia de esta oficina, y hubo dos ampliaciones de plazo; el actual acuerdo finalizó el 31 de diciembre de 2022. El actual delegado, Antonio Menéndez de Zubillaga y su equipo, no se manifestaron hasta el momento.
El 21 de junio, Diego García-Sayán, quien era relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, presentó en Ginebra —la sede mundial de la OACNUDH— una radiografía de la justicia boliviana en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.
El balance fue presentado en un resumen de 10 observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia que se produjo en febrero de 2002. Señaló, por ejemplo, que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”.
Este informe se conoció en el marco del 50 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas y fue el último de su periodo como relator especial que finalizó a finales de 2022.
La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), en un comunicado, señaló que, por efecto de las denuncias de vulneraciones de derechos que afectan al país, se requiere de una verificación “in situ” que sea imparcial.
“Vamos a acudir a las instancias de Naciones Unidas que correspondan para que, en el marco de sus responsabilidades y atribuciones, acrediten una oficina de seguimiento a la violación de DDHH en nuestro país”, señala el reporte divulgado desde la alianza política del expresidente Carlos Mesa.
