Human Rights ve que Áñez abusó de la justicia para perseguir masistas, pero no cometió terrorismo ni genocidio
Las observaciones también alcanzan al gobierno de Juan Evo Morales. Alertan sobre la necesidad de que Bolivia cuente con una ley de acceso a la información y resaltó los informes de la ANP sobre ataques a los periodistas
El informe anual de Human Rights Watch (HRW u Observador de Derechos Humanos, en castellano) sobre Bolivia tiene una doble percepción sobre el Gobierno de Jeanine Áñez. Por un lado, afirma que la exmandataria, “presionó a fiscales y jueces” para perseguir a masistas y luego señala que su oficina revisó el expediente de acusación contra la exmandataria y no halló pruebas de los delitos de genocidio y terrorismo.
“El gobierno de la presidenta interina Áñez presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de (Evo) Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas”, señala parte del capítulo dedicado a la independencia judicial.
Sin embargo, el reporte alerta que esa situación no cambió con el nuevo Gobierno y esta vez, le tocó a Luis Arce perseguir a sus opositores políticos con énfasis en la captura y acusación contra la exmandataria. La misma figura pesa sobre la administración de Juan Evo Morales.
“En agosto, la Fiscalía General del Estado acusó a (Jeanine) Áñez de genocidio por dos masacres ocurridas durante su gobierno. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, refiere el mismo informe.
Este jueves, HRW presentó su informe mundial sobre la situación de los derechos humanos y en el caso boliviano abordó 10 áreas que detalló en resúmenes ejecutivos sobre derechos de las mujeres, pueblos indígenas y también se pronunció sobre el Covid-19 y la libertad de expresión.
Sobre este último punto HRW refiere que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales medios impresos del país, informó sobre varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2021; pero en agosto de ese mismo año el gobierno acusó a los medios de “mentir” y responder a intereses extranjeros, al igual que identificó a varios periódicos por sus críticas al oficialismo.
Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información, y las autoridades niegan el acceso sistemáticamente con una u otra excusa, “el Gobierno informó que estaba trabajando en un proyecto de ley de acceso a la información, pero al 3 de noviembre de 2021 no lo había presentado”, señala el reporte.
