El informe anual de Human Rights Watch (HRW u Observador de Derechos Humanos, en castellano) sobre Bolivia tiene una doble percepción sobre el Gobierno de Jeanine Áñez. Por un lado, afirma que la exmandataria, “presionó a fiscales y jueces” para perseguir a masistas y luego señala que su oficina revisó el expediente de acusación contra la exmandataria y no halló pruebas de los delitos de genocidio y terrorismo.

“El gobierno de la presidenta interina Áñez presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de (Evo) Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas”, señala parte del capítulo dedicado a la independencia judicial.

Sin embargo, el reporte alerta que esa situación no cambió con el nuevo Gobierno y esta vez, le tocó a Luis Arce perseguir a sus opositores políticos con énfasis en la captura y acusación contra la exmandataria. La misma figura pesa sobre la administración de Juan Evo Morales.

“En agosto, la Fiscalía General del Estado acusó a (Jeanine) Áñez de genocidio por dos masacres ocurridas durante su gobierno. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, refiere el mismo informe.

Este jueves, HRW presentó su informe mundial sobre la situación de los derechos humanos y en el caso boliviano abordó 10 áreas que detalló en resúmenes ejecutivos sobre derechos de las mujeres, pueblos indígenas y también se pronunció sobre el Covid-19 y la libertad de expresión.

Sobre este último punto HRW refiere que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales medios impresos del país, informó sobre varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2021; pero en agosto de ese mismo año el gobierno acusó a los medios de “mentir” y responder a intereses extranjeros, al igual que identificó a varios periódicos por sus críticas al oficialismo.

Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información, y las autoridades niegan el acceso sistemáticamente con una u otra excusa, “el Gobierno informó que estaba trabajando en un proyecto de ley de acceso a la información, pero al 3 de noviembre de 2021 no lo había presentado”, señala el reporte.