César Muñoz, director asociado de la división América de Human Rights Watch, se refirió al capítulo sobre Bolivia del informe mundial 2023 de la institución. En un tweet señaló: “En Bolivia, la falta de un poder judicial independiente, imparcial y eficiente afecta gravemente la institucionalidad, al Estado de derecho y a la defensa de los derechos humanos”.

Con el post, acompañaba el enlace al capítulo referido a Bolivia del Informe Mundial 2023 de esa organización.

“El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020). El presidente Luis Arce, que asumió el cargo en noviembre de 2020, no ha impulsado una reforma de la justicia”, comienza el reporte referido al Estado Plurinacional.

Más adelante indica que “Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados”.

Pero también manifiesta que los gobiernos tanto de Morales, como de Áñez “promovieron la presentación de cargos contra opositores que, aparentemente, tenían motivaciones políticas”.

Cuestiona la independencia judicial y el debido proceso, y recuerda a Marco Aramayo, quien denunciara corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena y que falleció, en abril de 2022, en su séptimo año de detención. “En vez de investigar adecuadamente esas acusaciones, los fiscales lo detuvieron y lo acusaron de corrupción, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una organización no gubernamental boliviana”, recoge.

Human Rights Watch se refiere a la violencia y los abusos relacionados con las protestas. Alude también a varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2022. 

En este mismo sentido, observa limitaciones a la libertad de expresión y  el acceso a la información. Cuestiona que no exista regulación al respecto. Hace notar falencias en la investigación de los hechos de 2019.

En otro apartado, señala que los centros de detención del país albergan a dos veces y media más detenidos de los que permite su capacidad. La violencia hacia las mujeres y las niñas es otro de los temas que aborda, así como los derechos de los indígenas.

Además, el reporte indica que “durante 2022 Bolivia se opuso, de forma sistemática, al monitoreo de la situación de derechos humanos en ciertos países y no protegió los derechos de víctimas en foros internacionales”.

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