Human Rights Watch lamenta actuación judicial en el caso del periodista denunciado por un meme; se viene la audiencia de apelación
Luis Muñoz fue aprehendido el 29 de marzo y su caso se conoció el 1 de abril, estuvo incomunicado tres días
La organización internacional que vela por los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), lamentó la actuación judicial en el caso del periodista Luis Muñoz y de la propia directora Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, quien denunció a su funcionario por un meme. Mientras, en Bolivia se logró la audiencia de apelación para este martes en la tarde.
“Bolivia: El periodista Luis Muñoz deberá pasar 4 meses en prisión preventiva supuestamente por un meme que elaboró y le disgustó a la directora del ente minero estatal, para quien trabajaba. Actuación lamentable del juez, el fiscal y la propia directora”, escribió el prestigioso investigador de HRW, César Muñoz.
El martes 29 de marzo la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Brenda Lafuente, denunció a su director de comunicación por un supuesto hecho de acoso político en su contra y en menos de 24 horas las autoridades dispusieron la detención preventiva de Muñoz en el penal de San Pedro. Fue incomunicado y su caso se conoció por casualidad el viernes en la noche cuando ya iba a ser trasladado al penal de San Pedro.
El ministro de Gobierno y el Comandante de la Policía, evitaron referirse a este caso y se concentraron en el descubrimiento de dos feminicidios en La Paz.
Este miércoles, el abogado defensor Marcelo Valdez denunció la violación de todos los derechos del periodista e informó que el sábado lograron detener el traslado a San Pedro porque recibió una amenaza directa contra su vida. Por el momento Muñoz sigue en celdas de la Felcv y la audiencia de apelación a la detención preventiva fue fijada para el martes a las 15:00, oportunidad en que confían en lograr la libertad.
Lafuente había contratado a Muñoz como parte de su equipo de comunicación y el contrato de ese trabajo finalizaba el 31 de marzo. Sorpresivamente, dos días antes de fenecer ese contrato lo acusó de violentar sus derechos, le confiscaron su teléfono, la computadora asignada y lo remitieron a la Felcv.
Los responsables policiales de esas oficinas evitaron brindar una explicación sobre el caso a los periodistas.
