Tras la violencia desatada en las protestas en contra del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto y convocaron al diálogo.
Las tres instituciones expresaron su “honda preocupación” ante la escalada de conflictividad que atraviesa el país, los hechos de violencia suscitados el lunes en La Paz, las expresiones verbales ofensivas, así como la vulneración de los derechos humanos y las afectaciones a terceros.
Indicaron que esta situación que “no debiera presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”, y consideraron que hay una “intransigencia” en el conflicto.
Instaron a los sectores involucrados a vigorizar la fuerza del entendimiento frente al descontrol de las pasiones e invocaron a la “fecundidad del diálogo” frente a la presencia de la violencia.
“En este sentido, inquietos por esta situación general, las tres instituciones: Iglesia católica, Defensor del Pueblo y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, llamamos a un diálogo por el bien común entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’”, señala el pronunciamiento.
El documento es firmado por el monseñor Giovanni Arana; el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y provincias, Virginia Ugarte, quienes ahora están “a la espera de la pronta confirmación (de los convocados) para poder coordinar fecha y hora”.