Los opositores piden anular el juicio contra Jeanine Añez y procesar a jueces. Observan contradicciones del Gobierno

16 de junio de 2022, 4:00 AM
16 de junio de 2022, 4:00 AM

La Iglesia católica ratificó ayer que en 2019 no hubo golpe de Estado, sino que hubo un fraude promovido por el gobernante MAS. La posición fijada por el clero, a través del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Ricardo Centellas, están en contrarruta a lo expuesto por el expresidente del Estado y líder del masismo, Evo Morales, quien ayer acusó al relator para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, de incurrir en injerencia y de apoyar a los ‘golpistas’ porque afirmó que la exmandataria debía someterse a un juicio de responsabilidades.

“Creo que (la sentencia de 10 años para Áñez) es una muestra de que la administración de la justicia siempre se puede manipular, pero la historia no se cambia. Los hechos se han dado y creo que todo el mundo conoce. El 2019 no hubo golpe, hubo fraude”, sostuvo Centellas.

La Iglesia fue una de los mediadores en los conflictos de noviembre y diciembre de 2019 después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que huyó a México después de que fuera acusado por la OEA de incurrir en fraude electoral.

Añez asumió la Presidencia del Estado dos días después de la dimisión de Morales, del vicepresidente y los presidentes y vicepresidentes de las cámaras de senadores y diputados. Sin embargo, fue sometida a un juicio ordinario, promovido por la cúpula del Gobierno y del MAS, según declaró Morales, asegura que incurrió en resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al asumir el mando del país sin seguir los procedimientos legislativos. 

El viernes de la semana pasada fue condenada a 10 años de cárcel. La defensa de Añez aduce que asumió el cargo el 12 de noviembre de 2019, debido al vacío de poder.

El relator de la ONU expresó su preocupación sobre la reunión política del MAS y el Gobierno, en la que se habría acordado un juicio ordinario contra Áñez y argumentó que quienes ejercieron la presidencia “al margen de cómo surgió su mandato” merecen un juicio de responsabilidades.

García-Sayán también observó la omisión de la justicia de analizar y pronunciarse sobre hechos graves como los de Sacaba y Senkata producidos luego de la asunción de Áñez a la presidencia en noviembre de 2019.

(El relator) borra con el codo lo que firmó con la mano. En su informe ante la ONU lamento profundamente que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de las masacres comprobadas por el GIEI obtengan justicia. Ahora observa una sentencia contra el golpe que causó esas muertes”, reclamó Morales.

Asimismo, dijo que el jurista repitió la “tergiversación” en la que habrían incurrido los medios sobre la reunión política que definió un futuro juicio contra Añez.

Anular juicio es inviable

Pese a que el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, llamó a que se anule el juicio y que se procese a los jueces a quienes calificó como “serviles”. El diputado y diplomático de carrera, Gustavo Aliaga, enfatizó que el pronunciamiento del relator al no ser vinculante es poco probable que cambie la sentencia de 10 años contra la exmandataria.

El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) Jaime Aparicio sostuvo que en Latinoamérica se controla la justicia para convertirla en instrumento de intimidación y encarcelamiento de sus adversarios políticos como en el caso de Añez.

Afirmó que con la condena de 10 años, Evo Morales busca
reescribir la historia
para justificar su renuncia y “cubrir” el presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del año 2019.