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La justicia en Bolivia no puede salir del lodo en el que se encuentra. Ayer, la Iglesia católica calificó al sistema judicial como corrupto y que nuevamente se ve “manoseada” por intereses políticos. Además, afirmó que practicar justicia en Bolivia se volvió en “clamor”. La crítica surge días después de que el Gobierno decidió intentar una nueva reforma bajo la supervisión de diez expertos a la cabeza de Eduardo Rodríguez Veltzé. 

Fue el monseñor Sergio Gualberti quien emitió las duras críticas al sistema judicial boliviano. Lo hizo en la Eucaristía dominical y su sermón estuvo cargado de cuestionamientos a la justicia por los hechos coyunturales. 

“En particular, practicar la justicia, se ha vuelto clamor en nuestro país, donde la administración de la justicia ha perdido credibilidad por la corrupción, el manoseo y sumisión a intereses económicos y políticos. Es urgente contar con un sistema judiciario confiable, transparente, ecuánime, libre de presiones y al servicio de la verdad, para favorecer un clima de serenidad y paz entre todos”, reprochó el monseñor Gualberti. 

La Iglesia católica se suma a las varias voces que cuestionan la labor de la justicia en Bolivia, que desde hace mucho tiempo responde a los intereses políticos de los gobiernos de turno. En este último tiempo lo hizo en los 14 años de gestión de Evo Morales, luego con Jeanine Áñez y ahora nuevamente opera a favor de la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El ministro de Justicia, Iván Lima, se trazó la meta de reformar el sistema judicial. Un primer paso fue el anuncio de un juicio de responsabilidades contra magistrados del Consejo de la Magistratura y recién anunció la conformación de un grupo de notables para encarar esta difícil tarea. 

La autoridad fue tibio al decir que los operadores de justicia actúan de acuerdo a los intereses políticos de turno. Aun así, dijo que en su gestión se garantizará la independencia judicial

“Si no tenemos la independencia judicial, no vamos a lograr nada. No es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego nuevamente azul, porque eso daña, destruye la credibilidad de la justicia”, recalcó el ministro Lima. 

Además, la autoridad anunció la conformación de un equipo de notables que serán los encargados de reformar la justicia en Bolivia. El grupo lo encabeza el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, pero además están José Antonio Rivera, José Luis Gutiérrez Sardán y Carlos Alberto Goitia. Otro nombre que se maneja es el del abogado Bernardo Guayar

“La posición oficial del Gobierno es que si se abre el debate sobre la reforma constitucional es solamente sobre el tema de la justicia, no se tocará ningún otro tema; el único tema que se podría analizar es revisar la elección de los jueces por voto popular y el tema judicial. No se analiza ni se tiene previsto abrir el debate sobre ningún otro tema”, detalló Lima.
 
Promesa sin cumplir

Atrás quedó el discurso con el que David Choquehuanca inició la gestión. El tono conciliador prometía distanciar a la política de la justicia. En tres semanas de Gobierno esas palabras fueron olvidadas. Las autoridades judiciales dejan salir de las cárceles a exfuncionarios y dirigentes afines al MAS que estaban acusados por diferentes delitos y se afilan en contra de los opositores.

“Ya no más persecución a la libertad expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abuso del poder. Ya no más impunidad. ¡Justicia hermanos! pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente”, fueron las frases claves en el discurso del segundo mandatario.

Tres días después de la posesión, el 11 de noviembre, en su pueblo natal Orinoca, Evo Morales lanzó la antítesis de lo dicho por Choquehuanca. Acusó nuevamente a Estados Unidos de haber estado detrás del supuesto golpe de Estado de noviembre del año pasado, y también dijo que muchos de sus hermanos seguían encarcelados. “Es cuestión de tiempo, vamos a liberar a todos y a todas, no se preocupen”, aseguró. Y completó: “Ahora nuestra tarea es cuidar al compañero Lucho Arce”.

Todos los sábados por la noche, desde el triunfo de Arce en las elecciones del 20 de octubre, hasta su posesión, el domingo 8 de noviembre, diferentes jueces volcaron sus decisiones a favor de los afines al MAS y en contra de los opositores. 

El 25 de octubre, un juez anuló la imputación y levantó la orden de aprehensión contra Morales por el caso video, en el que se registró su voz en una conversación telefónica con el dirigente Faustino Yucra en la que el exmandatario le pedía que los dirigentes que bloqueen las ciudades para evitar el ingreso de alimentos.

Al día siguiente de la posesión, Evo estaba de vuelta gracias a esa determinación de la justicia. En apenas tres fines de semana, Yucra salió de la cárcel.

Además, el dirigente cocalero denunció este jueves que fue chantajeado con $us 200.000 para inculpar a Evo Morales en actos delictivos, cuando fue aprehendido en Sucre y enviado a la ciudad de La Paz para procesarlo por un supuesto audio donde el expresidente habría instruido cercar a las ciudades.
Yucra acusó al exministro Arturo Murillo de ser el responsable de esa actuación, por lo que anunció el inicio de un proceso penal ante la Fiscalía General del Estado y ante organizaciones internacionales en contra de la exautoridad, actualmente prófuga. 

Los exministros Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta también fueron beneficiados por órdenes judiciales, y pudieron salir de la residencia de la embajada de México en La Paz, donde estuvieron refugiados por casi un año. 

El gobierno de Jeanine Áñez acusó a Morales por terrorismo y sedición. Ese proceso, y el iniciado por Carlos Mesa en contra del exmandatario por el fraude de 2019, prácticamente se diluyeron.

Tras su renuncia, en noviembre del año pasado, especialmente en el occidente del país se vivieron horas llenas de tensión. Hubo ataques a casas de dirigentes y periodistas, se quemaron los buses Pumakatari de La Paz y hubo un cerco a la sede de Gobierno como a otras ciudades. La salida de las Fuerzas Armadas, en tareas combinadas con la Policía, contuvieron esas acciones y generaron los hechos de Sacaba y Senkata.

Estas críticas a la justicia se dan en medio de la visita de cinco expertos que investigarán los hechos del año pasado. Entro los conflictos que se indagarán también los de Montero y otros en la sede de Gobierno. En el caso de montero está implicado Facundo Molares, exmiembro de las FARC, quien tenía detención preventiva desde noviembre del año pasado. Fue descubierto cuando era atendido en un hospital días después de haber sido herido en el enfrentamiento del 30 de octubre de 2019, cuando se enfrentaron seguidores de Morales contra cívicos. Hoy, el exguerrillero goza de detención domiciliaria. 

En los casos de autoridades de la anterior gestión, los exministros Arturo Murillo y Fernando López salieron del país e Interpol ya activó las alertas porque son acusados por compra de armas no letales con sobreprecio. También existe una orden de aprehensión contra el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, acusado por presuntas irregularidades en YPFB. 

Y el jueves, un juez en Cochabamba dictó detención domiciliaria al general Alfredo Cuéllar, con custodia policial, sin derecho a salir a trabajar y con Bs 250.000 de fianza. Está acusado de asesinato y de lesiones gravísimas en Sacaba.

Con todo el detalle, la justicia inició la gestión de Luis Arce a favor de militantes del MAS y en contra de sus adversarios.

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