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La alianza opositora Creemos formalizó la impugnación contra la decisión de la Fiscalía de eximir de culpa a las personas que estaban siendo investigadas por la “manipulación dolosa” de datos en las elecciones de 2019, que denunció la Organización de Estados Americanos (OEA).

El diputado Erwin Bazán, jefe de bancada de Creemos, ratificó con este recurso las observaciones contra el fiscal Juan Lanchipa, quien avaló un informe de consultoría por encima de la auditoría que hizo la OEA sobre la base de un acuerdo vinculante con el Estado.

“El fiscal Juan Lanchipa no puede cerrar el caso en base a un documento que no está acreditado dentro del Estado para ser tomado en cuenta dentro del procedimiento penal boliviano. Como parlamentarios vamos a estar en trinchera realizando todas las acciones judiciales que se nos permite de acuerdo al derecho”, afirmó Bazán.

La impugnación fue presentada en La Paz junto con un recurso de apersonamiento a través del cual los legisladores de la oposición se declaran “víctimas el fraude electoral” de 2019.

 “Nos estamos apersonando en calidad de víctimas y le exigimos a la Fiscalía que se nos reconozca en calidad de víctimas del fraude electoral de 2019. Además, como parlamentarios representamos a los ciudadanos que también se declaran en calidad de víctimas”, dijo.

 “Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Además, la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”, señala el memorial.

Asimismo, Bazán, anunció un recurso de nulidad contra el informe de la consultoría que contrató la Fiscalía en calidad de pericia técnica. “Es un informe universitario; es solo un informe académico sin relevancia forense ni reconocimiento legal como institución forense para el ordenamiento penal boliviano”, puntualizó.

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó, en una entrevista con EL DEBER que el trabajo desarrollado por el grupo de investigadores adscritos a la Fundación de la Universidad de Salamanca "está enmarcada en el ámbito técnico y no político".

Quispe desconoció el carácter vinculante del informe presentado por la OEA y que fue avalado por el gobierno de Evo Morales por efecto de un acuerdo que estableció los parámetros de una auditoría que incluyó incluso el análisis grafológico de las actas electorales.

“Nosotros como abogados ejercemos una labor técnica a partir de la jurisprudencia y de la normativa. Otro es el ámbito político donde se pueden discutir muchas cosas y serán los actores políticos los responsables de estos temas. Que en el campo político hayan acordado eso, el efecto vinculante es estrictamente político”, afirmó Quispe.

Explicó que el acuerdo debió ser elevado a rango de Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que tenga “un rango vinculante”.

El expresidente Carlos Mesa y líder de Comunidad Ciudadana (CC) afirmó que el Legislativo avaló este proceso porque, a través de una ley, anuló las elecciones observadas por la OEA, precisamente a raíz del informe de autoría que halló anomalías en el recuento rápido de votos y actas con firmas adulteradas.

Entre las conclusiones del documento interamericano se señala que es probable que Evo Morales hubiera ganado las elecciones, pero que es improbable que lo hubiera hecho con más del 10% de diferencia con relación a Carlos Mesa. Por tanto, se recomendó una nueva elección nacional con nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral.

Los peritos de la OEA, pusieron en duda los resultados del último 5% del cómputo, equivalente a 290.402 actas. Con gráficos, mostraron un inusual ingreso masivo de actas provenientes de un servidor no autorizado por el TSE, un aspecto en el que coincide el reporte de consultores españoles. 


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