Imputan al gobernador y al alcalde de Tarija y dos dirigentes cívicos por el paro contra la Ley 1386

La Fiscalía de Tarija imputó al gobernador Óscar Montes y al alcalde Johnny Torres, por los delitos de separatismo e instigación a delinquir, luego de liderar el paro cívico de noviembre del 2021, cuando se demandaba las abrogaciones de la Ley 1386 y otras leyes.

En la acusación fiscal también se incluyó al presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila, y al secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte, Gabriel Pérez.

Según la imputación, las dos autoridades y los dos dirigentes deben presentarse el viernes a una audiencia con medidas cautelares en un juzgado del Tribunal de Justicia Departamental (TJD).

Torres calificó como una locura absoluta a la imputación del Ministerio Público, que actuó con celeridad en este caso que "es parte de la persecución y judicialización de la política", después que él invocó a la no violencia y promovió el diálogo en noviembre del pasado año.

"Este tiene móviles políticos y quedará en la historia que debo ser el alcalde que sea juzgado por separatismo y no por corrupción. Así estamos y vamos seguir con nuestra lealtad al pueblo tarijeño", expresó Torres.

A su vez, Ávila lamentó que la fiscal de Distrito, Sandra Gutiérrez, se preste a esta situación, luego que él actuó en defensa de Tarija porque representa la voluntad del pueblo tarijeño.

Montes aún no se pronunció respecto a la imputación fiscal, mientras la dirigencia de la Federación Departamental del Autotransporte se reunirá para evaluar el caso y asumir una posición al respecto.

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